<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Grupo de Contacto Internacional (CGI) para Venezuela aseguró ayer que, “por el momento, no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo” en Venezuela y advirtió de que “el actual calendario electoral no permite el despliegue de una Misión de Observación Electoral” en los comicios legislativos convocados para el 6 de diciembre por el régimen de Nicolás Maduro.</strong></h4> <strong> </strong> “Los miembros del Grupo Internacional de Contacto reafirman que la única solución sostenible a la crisis de Venezuela será una solución política, pacífica y democrática inclusiva, mediante elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”, afirma la <strong>declaración ministerial</strong> aprobada al término de la reunión <em>online</em> del GCI, en la que participó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Los miembros del Grupo de Contacto (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay) expresan su <strong>“preocupación por el estrechamiento del espacio democrático en el país y, en particular, de cara a la organización de las próximas elecciones legislativas”,</strong> y reclaman “garantías electorales conformes con las normas internacionales y la Constitución de Venezuela”. Además, aunque acogen “con beneplácito la reciente liberación de algunos presos políticos”, advierten de que “todos los presos políticos restantes deben ser liberados de inmediato y sin condiciones”. En la declaración, los ministros participantes llegan a <strong>“la conclusión de que, por el momento, no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”</strong>. Entre estas condiciones, los miembros del GCI citan la eliminación de “todos los obstáculos a la participación política”, el “respeto al mandato constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, la devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, el cese de la descalificación y el enjuiciamiento de los dirigentes políticos, el pleno restablecimiento de sus derechos y los de otros candidatos a la participación política en condiciones de igualdad” o “la participación en condiciones de igualdad y el acceso sin restricciones a todos los medios de comunicación”. El CGI “pide que se aborden rápidamente estos obstáculos a la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”. Asimismo, los miembros del ICG acogen “con beneplácito” el llamamiento a la comunidad internacional para que observe las elecciones, pero advierten de que <strong>“el actual calendario electoral no permite el despliegue de una Misión de Observación Electoral, ni deja suficiente tiempo y espacio político para que las partes negocien las condiciones de unas elecciones creíbles, libres y justas”. </strong> La declaración ministerial muestra su apoyo al trabajo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas y expresa su <strong>“profunda preocupación” por las violaciones de los derechos humanos, actualizadas en informes recientes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas. </strong> Al respecto, González Laya declaró en rueda de prensa horas antes de la reunión del GCI que las informes de Naciones Unidas son <strong>“preocupantes” porque muestran “una serie de violaciones de derechos humanos en un país después de que se quebrara el orden democrático”.</strong> El pasado lunes, la ministradeclaró durante otra rueda de prensa que, “si hay espacio, por pequeño que sea, para que se celebren elecciones con condiciones democráticas, España lo apoyará”.
