Se trata de un paso delante de la UE frente a la crisis abierta en el Mediterráneo Oriental por las prospecciones de gas que realiza Turquía sureste de la isla griega de Rodasen aguas que Ankara y Atenas consideran parte de su zona económica exclusiva.
Borrell explicó que se podría extender el actual régimen de sanciones individuales para que afecte a más personas, con la opción de que comprenda también infraestructuras y recursos económicos.
El Alto Representante indicó que “hay una creciente frustración ante el comportamiento de Turquía y existe el consenso político para acelerar los trabajos para añadir a individuos, sugeridos por Chipre, a la lista del régimen sancionador con la vista de adoptarlo pronto».
Agregó Borrell que entre las opciones que maneja el bloque europeo, se encuentran la de fijar restricciones vinculadas al propio conflicto de las aguas en el Mediterráneo. «Podemos pasar de hacer listas de individuos a listas de recursos, como barcos. Luego pasar a sanciones relacionadas con el sector de estas actividades, como prohibir el uso de puertos, suministros o infraestructuras de la UE o a cuestiones financieras. Todo lo relacionado con el conflicto y con sanciones sectoriales”.
El responsable de la política exterior europea señaló en rueda de prensa conjunta con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, que, si el proceso de diálogo no avanza, la UE estudiará en la cumbre de septiembre nuevas sanciones.
Borrell agradeció la iniciativa de de Alemania que en las últimas semanas ha mediado con Atenas y Ankara ante la escalada en la región. «La solución diplomática a través del diálogo directo sigue siendo el objetivo más urgente», manifestó Maas.
También el Gobierno español se ha ofrecido a mediar entre Grecia y Turquía, como señaló la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante el viaje que realizó hace un mes a esos dos países, con los que España mantiene buenas relaciones.
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