Mohammad Javad Zarif
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán
Lo que en Irán, blanco de un régimen de sanciones vicioso e indiscriminado, hemos visto de la actual Administración estadounidense es bastante sencillo: no hay una gran visión para una comunidad global alternativa. La inconstancia e imprevisibilidad de Estados Unidos no tienen nada que ver con la implementación magistral de la teoría de juegos. Más bien, ya se trate de su (mala) gestión de COVID-19 en casa o de su socavamiento de la paz y la estabilidad en el exterior, el régimen actual en Washington no tiene ningún plan real, excepto atacar frontalmente a quienes defienden el Estado de Derecho.
El manejo de Estados Unidos de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respaldó –y es inseparable de – el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como el acuerdo nuclear de Irán, es un ejemplo de ello.
En julio de 2015, Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania firmaron un acuerdo histórico para despejar cualquier preocupación sobre la naturaleza exclusivamente pacífica de nuestro programa nuclear y al mismo tiempo liberar al pueblo iraní de sanciones inhumanas e injustas. Como parte del JCPOA, los Estados Unidos y otros signatarios también auspiciaron conjuntamente la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que avala el acuerdo nuclear, y al que se adjuntan sus 90 páginas completas, consagrando así el acuerdo en el derecho internacional. Sin embargo, en mayo de 2018 la Administración estadounidense declaró que había optado unilateralmente por “cesar la participación” en el JCPOA. Desde entonces, Irán y el resto de la comunidad internacional han quedado en la extraordinaria posición de ver a Estados Unidos convertirse en el primer gobierno en la historia de la ONU que no sólo viola una resolución vinculante que él mismo patrocinó, sino que también castiga a los gobiernos y empresas que respeten el derecho internacional al implementar sus disposiciones. Como advertí al Consejo de Seguridad el mes pasado, este statu quo no es deseable ni sostenible. Estamos, pues, en una encrucijada.
La campaña de desinformación de la Administración de EEUU, que incluye falsas afirmaciones con respecto a un consenso regional, sobre las consecuencias de que los signatarios restantes del JCPOA cumplan las disposiciones del acuerdo, incluida la normalización de las cooperaciones en materia de defensa de Irán con el mundo en el próximo mes de octubre, es una artimaña para disfrazar sus reales y más malévolas motivaciones: no haber logrado colapsar la Resolución 2231 después de más de dos años de la «máxima presión» más brutal jamás impuesta a una nación, incluida la privación de acceso a medicamentos y equipos médicos a los iraníes comunes y corrientes en medio de la pandemia más mortífera que el mundo ha visto en muchas décadas. Estados Unidos ahora espera abusar de su mala interpretación de las disposiciones de la misma Resolución que abandonó en 2018 para finalmente destruirla. Este comportamiento profundamente malicioso de Estados Unidos se puede apreciar en toda la estructura de la ONU, donde busca utilizar la propia ONU para destruir efectivamente ese organismo mundial.
Hay varias cuestiones y consecuencias claves a considerar en esta ecuación.
En primer lugar, uno puede preguntarse por qué o cómo el colapso de una sola resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un tema específico se relaciona con el panorama general. Lo hace, porque lo más notable sería un revés generacional para la causa del multilateralismo si el Consejo de Seguridad fuera intimidado para que torpedease su propia resolución. El Consejo no puede cumplir con sus deberes ni ninguna nación puede reconocer su autoridad, a menos que todas las potencias respeten los principios para los que se creó él mismo.
No debemos olvidar que el mismo régimen estadounidense también se ha retirado fatuamente de la OMS en medio de la peor pandemia mundial, pero ahora busca liderar el proceso de reforma de la OMS, para disgusto de sus aliados occidentales más cercanos.
Si a EEUU se le permite continuar por este camino, el mundo se deslizará hacia atrás y hacia un estándar de «el poder hace lo correcto». Y si bien esto puede parecer atractivo para los partidarios de la guerra fría que buscan nuevos objetivos, incluso ese estándar tiene sus límites. Pues ambas superpotencias del siglo pasado presenciaron el desmoronamiento de su influencia internacional en su derrota militar en Afganistán, un país con un PIB 14 veces menor que los ingresos anuales de Apple.
También hemos visto en los últimos años cómo la Administración estadounidense, en paralelo con su ataque a las instituciones y acuerdos internacionales, ha tratado de suplantar el derecho internacional con sus propias leyes nacionales. En la práctica, esto ha significado que ahora es el Tesoro de los Estados Unidos y no los gobiernos nacionales europeos los que deciden con quién pueden hacer negocios las empresas europeas, ya sea sobre la Resolución 2231 o incluso en relación con su propio gasoducto crucial de North Stream.
Si bien hasta ahora ha sido principalmente Estados Unidos quien ha tratado de expandir la jurisdicción de sus leyes nacionales, no hay nada que sugiera que mantendría el monopolio sobre ello. Con la apertura de esta caja de Pandora y con la complacencia de algunos gobiernos nacionales, no es difícil imaginar un futuro en el que los ciudadanos de a pie y las empresas privadas acaben teniendo que lidiar con la aplicación extraterritorial de múltiples y crecientes leyes nacionales, tal como sucede ahora con la limitación impuesta a los viajes, el comercio y la inversión internacionales, lo que representa un paso retrógrado para nuestro mundo globalizado.
Así, la comunidad internacional en general, y el Consejo de Seguridad de la ONU en particular, se enfrentan a una importante decisión: ¿mantenemos el respeto por el Estado de Derecho o volvemos a la ley de la selva?
Si bien Irán ha demostrado su resistencia y respuesta decisiva al acoso coercitivo, estoy seguro de que, en las próximas semanas y meses críticos, los miembros del Consejo de Seguridad refutarán la campaña de una asediada Administración estadounidense que busca convertir lo que fue el logro diplomático del siglo XXI en un ejercicio inútil y aniquilar lo que queda del multilateralismo y del derecho internacional.
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