<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>Los Gobiernos de España y Bolivia han nombrado encargados de Negocios en La Paz y en Madrid, respectivamente, en un primer paso para tratar de normalizar las relaciones diplomáticas deterioradas el pasado mes de diciembre por el incidente ocurrido en la residencia de la embajadora de México en el país andino.</strong></h4> Según supo The Diplomat de fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno español envío a comienzos de julio a su Embajada en La Paz a la diplomática <strong>Jaione Cereijo Lizarralde,</strong> como encargada de Negocios ad interim en Bolivia, mientras acreditó en Madrid, con el mismo cargo, a <strong>Gualberto Rodríguez</strong>, que había sido viceministro de Exteriores, para estar al frente de la Embajada boliviana. Las dos embajadas quedaron sin personal diplomático después de que el Gobierno provisional de la presidenta Jeanine Áñez, decidiera expulsar a la entonces <strong>encargada de Negocios española, Cristina Borreguero, y al cónsul en La Paz, Álvaro Fernández</strong>; y el Ejecutivo español respondiera expulsando al<strong> encargado de negocios de la Embajada boliviana, Luis Quispe Condori, al agregado militar, Macelo Vargas Barral, y al agregado policial, Orso Fernando Oblitas Siles.</strong> La crisis bilateral se abrió cuando el 27 de diciembre del pasado año, policías bolivianos impidieron el acceso de dos coches de la Embajada de España a la residencia de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, para recoger a los dos diplomáticos que habían ido a realizar una “visita de cortesía” en unas dependencias en las que se encontraban refugiados varios altos cargos del anterior Gobierno boliviano de Evo Morales. La encargada de negocios española y el cónsul traban de mediar, por indicaciones del delegado de la UE en la Paz,<strong> León de la Torre,</strong> para buscar una salida a la situación de los refugiados. Bolivia lo consideró un atropello a su soberanía. Tras las expulsiones, no quedaron diplomáticos en ninguna de las dos embajadas, a excepción del cónsul español en Santa Cruz de la Sierra, Agustín Uña. El embajador de Bolivia, nombrado por Evo Morales, Jorge Ramiro Tapia, había sido cesado, en noviembre, en su cargo por el Gobierno interino y el <strong>embajador español en La Paz, Emilio Pérez de Ágreda, se encontraba fuera de Bolivia</strong>, en un permiso, tras haber contraído matrimonio. Meses después del incidente y las expulsiones, el 1 de marzo pasado,<strong> la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y la ministra interina de Exteriores de Boliva, Karen Longaric, mantuvieron un encuentro</strong> en Montevideo en el que acordaron <strong>dar pasos para normalizar e impulsar las relaciones bilaterales</strong>. La extensión de la pandemia del COVID-19 frenó ese intento hasta que a comienzos de julio se procedió a la acreditación de sendos encargados de negocio. La española Jaione Cereijo, que estaba ya destinada en Bolivia, pero no se encontraba en el país por un permiso de maternidad cuando se produjo el incidente, voló a La Paz aprovechando en uno de los vuelos de repatriación de bolivianos a su país. Por su parte, Gualberto Rodríguez, que se hallaba ya en España desde hacia tiempo, fue finalmente acreditado por las autoridades españolas. Ahora, según las fuentes consultadas,<strong> los dos Gobiernos estudian sendas listas de diplomáticos y funcionarios para proceder a su acreditación.</strong> Se da la circunstancia de que el actual embajador español en La Paz,<strong> Emilio Pérez de Ágreda, cumplió ayer los 70 años, la edad de jubilación,</strong> por lo que, en principio, será cesado en breve en el cargo, al que no llegó a reincorporarse debido a la crisis abierta. No está previsto, por ahora, el nombramiento de nuevos embajadores. En el caso de Bolivia, además, lo normal es que se espere a la celebración de las elecciones presidenciales, convocadas para el 18 de octubre.
