<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores destinará menos de 175.400 euros para la promoción de los derechos humanos en el ámbito nacional o en el “ámbito internacional de interés para España”. La cantidad es inferior en casi 9.000 euros a la que se destinaba a esta partida desde 2012, cuando se redujo a la mitad respecto al periodo entre 2007 y 2011.</strong></h4> Según la resolución, firmada el pasado 30 de junio por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, y publicada la semana pasada por el BOE, el objetivo de estas subvenciones es “contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional de interés para España”. Las beneficiarias de estas subvenciones serán entidades privadas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, con sede en España, que tengan experiencia previa acreditada en actividades de derechos humanos o cuyos objetivos sean la difusión, promoción o protección de los derechos humanos. Se valorarán preferentemente aquellos proyectos que incidan en alguno de los ámbitos siguientes: lucha contra la pena de muerte; la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; derechos de las personas con discapacidad; empresas y derechos humanos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos humanos al agua potable y al saneamiento; defensores de derechos humanos; no discriminación por razón de género, de orientación sexual y de identidad de género; derechos del niño y derechos de las víctimas del terrorismo. La cuantía máxima será de <strong>175.371,69 euros</strong>, repartida entre todos los solicitantes que resulten beneficiarios. El importe máximo de la subvención concedida no podrá exceder de 10.000 euros. <strong>Entre 2007 y 2011, el importe máximo de las subvenciones para las actividades de promoción de los derechos humanos había sido de 350.000 euros, pero en 2012 (en plena crisis de la Prima de Riesgo española), la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores redujo al 47 por ciento esta cuantía y, desde entonces y hasta 2019 se mantuvo en 184.000 euros. </strong>
