Luis Ayllón
El diplomático Álvaro Alabart ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Celsa Nuño, de cesarlo como cónsul general en Bayona, el pasado 19 de junio y reclama ser repuesto en el cargo.
En el recurso, al que tuvo acceso The Diplomat, Alabart considera que se trata de una medida injusta y arbitraria y acusa al Departamento que dirige Arancha González Laya de adoptar la medida basándose en “argumentos falsos”.
Como adelantó esta web, el cese de Álvaro Alabart se produjo alegando “pérdida de confianza” después de que el diario francés Mediapart, le acusara de haber roto las reglas de confinamiento por el COVID-19, el día 24 de marzo, al trasladarse desde Francia a San Sebastián, para ir a recoger a los dos nuevos trabajadores de la residencia oficial que debían sustituir a los anteriores, una pareja de ucranianos que se habían acogido a la jubilación voluntaria con efectos de 31 de marzo de 2020. El periódico aseguraba asimismo que el Cónsul echó de la residencia oficial el 4 de abril a los dos trabajadores jubilados, pese a encontrarse en los momentos mas duros de la pandemia.
El escrito de reposición del cónsul, comienza señalando que los motivos aducidos por la susbsecretaria para proceder a su destitución, son:
-Que “no solicitó autorización a los servicios centrales para abandonar el país el martes 24 de marzo ni comunicó dicha salida”.
-Que “se utilizó el vehículo para un servicio extraordinario, viajando desde Francia hasta España (y, de regreso, de España a Francia) y para un asunto privado, sin haber obtenido autorización del Ministerio”.
– Que “el viaje tuvo lugar el 24 de marzo de 2020, momento en el que ya se había establecido en España la limitación de la libertad de circulación para las personas”.
– Que “la contratación de una asistencia técnica para suplir las vacantes dejadas por las dos jubilaciones se autorizó el 26 de marzo con efectos 1 de abril, y sin embargo ambos trabajadores se alojaron en la Residencia oficial desde el día 24”.
-Que “el hecho de forzar a marcharse de la residencia oficial, donde no faltaba el espacio, en pleno confinamiento a los dos trabajadores ucranianos recién jubilados tras doce años de trabajo, pertenecientes a un grupo de edad vulnerable, ha supuesto un perjuicio a la imagen de España, en general, y al servicio exterior español, en particular, por la falta de humanidad que se desprende de este hecho”.
Alabart replica que solicitó autorización para el traslado al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa y no lo hizo al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque debía estar informado al haber sido el propio departamento quien autorizó la contratación de los dos nuevos trabajadores.
Asimismo, tras añadir que el Ministerio autorizó el 26 de marzo, con efectos del 1 de abril, la contratación de una asistencia técnica para suplir las vacantes dejadas por las dos jubilaciones, señala que “no se entiende que califique el viaje del cónsul para recoger a los nuevos empleados del Consulado como un “servicio extraordinario” y para la realización de un “asunto privado”, cuando “resulta evidente que el mismo respondía a una necesidad del Consulado y, por tanto, tenía carácter oficial”.
Igualmente, Alabart rechaza que se vulnerara el confinamiento establecido por el Estado de Alarma, porque de las limitaciones a la libertad de circulación en España, quedaba exceptuado el personal acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales en el ejercicio de misiones oficiales, una excepción, que entiende se aplica también al personal diplomático español destinado en el extranjero que, en el ejercicio de sus funciones, debía regresar al territorio nacional. Agrega que, además, su desplazamiento fue autorizado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa.
También sobre el hecho de que los dos nuevos trabajadores se alojaran desde el día 24 de marzo en La residencia, cuando la autorización se produjo el día 26, indica que con anterioridad, el 9 de marzo, ya se había recibido la autorización extraoficial, a través de un comunicado del Director General del Servicio. Agrega que, teniendo en cuenta la extraordinaria situación por la que estaba atravesando España, así como su vecina Francia, en el pasado mes de marzo, debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, el número de desplazamientos en ferrocarril eran muy reducidos.
Por último, sobre el supuesto deterioro de la imagen de España por su actuación con los trabajadores jubilados, asegura que, no solo no se forzó a los mencionados trabajadores ucranianos a marcharse sino que, además, se les ofreció todo tipo de facilidades para que su traslado fuera lo menos gravoso posible, también una vez que abandonaron la residencia oficial para irse a vivir con unos amigos a escasos 100 metros de allí y donde, por cierto -afirma-, a día de hoy todavía residen. Y añade que el Canciller del Consulado, siguiendo instrucciones del Cónsul General, se puso en contacto con ellos para comprobar que sus condiciones de instalación eran las adecuadas.
Igualmente, manifiesta que “no deja de sorprender el hecho de que por un lado se acuse al Cónsul General de alojar en la residencia oficial a dos trabajadores cuya prestación de servicios todavía no había dado comienzo y, al mismo tiempo, se le acuse de no mantener en la misma a unos trabajadores cuya jubilación ya se ha producido”.
Álvaro Alabart señala que el hecho de que la subsecretaria de Exteriores, Celsa Nuño, informara públicamente del cese a la Junta de la Carrera Diplomática el 18 de junio y que apareciera tal noticia en “The Diplomat” el 1 de julio le han forzado a llevar a la opinión pública unos hechos, “que han propiciado -dice- un cese injusto y arbitrario”, con el fin de “proteger su honor y su dignidad profesional”.
“El Ministerio de Asuntos Exteriores -concluye el diplomático- se ha parapetado en unos argumentos falsos para cesar a un funcionario con 42 años de ejercicio profesional, dos Embajadas a su cargo (Kuwait y Mozambique) una Gran Cruz de Mérito Militar y, desde hace más de un año Embajador de Rango, máximo grado otorgado a un diplomático español por el Consejo de Ministros”.
