<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Cooperación Española se centrará este año en proporcionar una respuesta con medidas a corto y medio plazo para hacer frente a la crisis de la COVID-19 en los países en que está presente.</strong></h4> Así lo puso de relieve la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, durante el primer pleno anual celebrado por el Consejo de Cooperación al Desarrollo, que contó con la participación de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El Consejo es un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores para definir la política de cooperación internacional para el desarrollo. Presidido por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, está compuesto por treinta y cinco miembros. Los vocales se agrupan en cuatro bloques: representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Organizaciones No Gubernamentales al Desarrollo (ONGD), representantes de los agentes sociales e instituciones y organismos de carácter privado que actúan en el campo de la cooperación para el desarrollo —sindicatos, organizaciones empresariales y de economía social, universidades y asociaciones de defensa de los derechos humanos— y expertos. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, durante su intervención, González Laya presentó la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, un extenso plan de actuaciones en el que vienen trabajando los actores públicos y privados de la Cooperación Española desde marzo. González Laya también informó sobre el Plan de Actuación para la presente legislatura. Por su parte, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, expuso las líneas de trabajo para los próximos meses de la Secretaría de Estado, que a raíz de la emergencia de la pandemia ha reorientado sus objetivos para responder a la crisis de la COVID-19 en los países donde la Cooperación Española está presente. Otro de los asuntos abordados en el pleno del Consejo fue la nueva arquitectura jurídica y financiera del sistema de cooperación, que pasa por la reforma de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998. El nuevo marco normativo estará alineado con el compromiso de España al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hoja de ruta de la cooperación internacional en el mundo, que busca una mayor eficacia mediante el enfoque transversal y multilateral de los ODS, así como la implicación de los países socios en los programas de desarrollo. En este momento, el Consejo cuenta con cinco grupos de trabajo prioritarios: Capacidades, Agenda 2030, Derechos de la Infancia, Género y Desarrollo y Educación para el Desarrollo. La Cooperación Internacional al Desarrollo forma parte de las políticas públicas del gobierno desde hace décadas y desempeña un papel fundamental en la Acción Exterior de España, con presencia en 34 países y territorios. Una de sus fortalezas son los programas de agua y saneamiento, que gozan de liderazgo mundial y han beneficiado a más de tres millones de personas en América Latina y el Caribe.
