Exteriores y el Notariado firman un convenio de colaboración contra el blanqueo de capitales

The Diplomat El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo General del Notariado firmaron ayer un convenio de colaboración para la prevención del blanqueo de capitales y los delitos económicos. En función de este convenio -firmado por el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y el director general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio, Juan Duarte Cuadrado-, los cerca de 200 consulados de España en el exterior informarán al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo del Consejo General del Notariado sobre las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen, según informó el Ministerio. Según el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares (París, 1967), los funcionarios consulares pueden autorizar notarialmente en países extranjeros actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en España, así como, capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española. “La finalidad de este convenio es el diseño y desarrollo de procedimientos que sirvan para mejorar el sistema español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, declaró Martínez Sanchiz. “Desde ahora, los cónsules y diplomáticos encargados de la fe pública serán considerados funcionarios incorporados al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado”, precisó. Hasta ahora, los funcionarios diplomáticos informaban al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias (SEPBLAC) de los indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas operaciones. “Desde la firma de este convenio”, explicó Juan Duarte, “los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial, con información sobre la identificación de los intervinientes o representantes; el tipo e importe de la operación; la localidad y fecha de la firma o la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores, activos financieros…). Esta base deberá llevarse a través de una plataforma diseñada por la agencia de tecnologías del Notariado”. Los técnicos del OCP analizarán la información -de la misma manera que hacen con los datos remitidos por los notarios españoles-, y la incorporarán a la información que remiten al SEPBLAC o a las instituciones con las que colaboran (fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o Agencia Tributaria). Asimismo, los funcionarios remitirán a la Base de Datos del Notariado todos los documentos públicos que afecten al tracto de acciones o participaciones de sociedades mercantiles españolas (como constitución de sociedades, transmisión o donación de acciones o participaciones, ampliaciones y disminuciones de capital social o disoluciones) y que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, españolas o extranjeras. Por último, el convenio recoge la edición de un manual interno para las oficinas consulares, con el fin de estandarizar y unificar los procedimientos en esta materia. También prevé la aprobación de un plan de formación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

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