José Antonio de Yturriaga
Embajador de España
La situación económica de España tras la crisis causada por la pandemia del Covid-19 no puede ser más calamitosa. El pasado año, cuando la situación económica era aún de bonanza dado que España era el país con mayor grado de crecimiento en Europa, concluyó con un déficit de €36.160 millones -2.8% del PIB- el límite de gasto público pasó del 2.7% al 3.2% del PIB y la deuda pública ascendió al 65.9% del PIB, un 0.40% más de lo previsto. Para 2020, las previsiones son aún mucho más desastrosas. En el primer trimestre del año, el PIB ha caído un 5.2% y, para el segundo y sucesivos semestres la caída se disparará aún más. Para la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIREF), la caída alcanzará el 12%, para el Banco de España el 13% y para el Banco Central Europeo el 15%. Se prevé que el paro afectará a 6.500.000 personas. Las previsiones del Gobierno han quedado desfasadas, pues –según la AIREF- el déficit será €30.000 millones superior a los datos facilitados por el Gobierno a la Comisión Europea. La recaudación de impuestos será inferior a lo comunicado, pues –al disminuir las rentas de personas y empresas- se reducirá la actividad económica. Los gastos, por el contrario, crecerán de forma exponencial, debido especialmente a las subvenciones a los trabajadores y autónomos afectados por los ERTE y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Según Manuel Lagares, el IMV es un instrumento imprescindible para evitar una catástrofe social, pero no debería tener carácter permanente -como pretende Pablo Iglesias-, sino coyuntural, y permanecer tan sólo mientras duren los efectos de la pandemia, por el peligro de que tenga efectos negativos sobre el empleo, si los beneficiarios se acostumbran al maná estatal, se despreocupan de encontrar trabajo y realizan labores en el ámbito de la economía sumergida, como ha ocurrido en Andalucía. Viene a cuento lo que me comentó una amiga sevillana cuando se interesó por cómo le iba al marido de su asistenta, y ésta le contestó que le iba muy bien porque “trabajaba” en el PER y, con la ayuda de alguna chapucilla y de su salario, se las apañaban la mar de bien. Sanchistas y podemitas quieren establecer una especie de PER nacional para ganar votos y voluntades, y establecer una red clientelar como la del PSOE en Andalucía o la antigua Convergencia pujolista en Cataluña. Para que los ingresos fiscales vía impuestos ordinarios o extraordinarios recuperen el nivel actual se necesitará, por lo menos, que transcurran dos años, mientras que los gastos siguen disparándose con la actitud demagógica y oportunista del Gobierno socio-marxista de expandir el gasto público para fomentar el clientelismo caciquil, por lo que no cabe más solución que reducirlos de forma drástica. De no ser así –como ha señalado Daniel Lacalle-, España seguirá endeudándose para poder hacer frente a las obligaciones de un Estado que no para de engordar. Endeudarse resulta fácil en los actuales momentos, pero la deuda no lo arregla todo porque nunca sale gratis.
Según Josep Borrell, los costes de coma inducido que hemos tenido que aplicar al sistema económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus han sido enormes y los Estados más afectados –como España- no pueden asumir por si solos hacer frente a su endeudamiento. Para su financiación –estima Lagares- resulta indispensable la ayuda de la Comisión Europea y del BCE, que no dejarán de imponer a cambio sus condiciones de política económica. Para eso, la política fiscal del Gobierno deberá abordar una estricta y profunda remodelación del gasto público, que permita ahorrar muchas sumas que hoy se ocultan en tareas improductivas o en partidas de eficiencia dudosa, y otras que son meramente simbólicas, aunque significativas, como las producidas por una estructura gubernamental elefantiásica, pero el Gobierno no parece estar por la labor. Tanto la Comisión Europea como el BCE se han mostrado dispuestos a echar una mano solidaria para ayudar a sus socios más necesitados, pero habrá que ver si éstos se dejan ayudar.
El Plan de la Comisión deberá ser aprobado por el Consejo Europeo, para lo que se requiere un voto unánime. Pese al numantinismo de los frugales halcones, cabe esperar que no impongan su criterio frente a las cuatro mayores economía de la UE, la Comisión y el BCE. Países Bajos se encuentra algo tocado por las acusaciones formuladas últimamente de ayuda a la evasión fiscal, en Austria, los europeístas verdes contrarrestan el euroescepticismo del partido conservador, Dinamarca ha dado muestras de su tradicional pactismo y Suecia ni siquiera es miembro del euro. Como ha observado Joaquín Almunia, aunque no sea exactamente en la forma presentada por la Comisión, al final se logrará un compromiso satisfactorio.
Puede seguir leyendo este artículo en este enlace
