<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Sanidad, Salvador Illa, expresó ayer el apoyo del Gobierno español al Acuerdo de Compra Anticipada de vacunas contra el COVID-19 y reclamó que los criterios de distribución justa de las vacunas tengan en cuenta “la situación epidemiológica de cada país”.</strong></h4> <strong>“Reconocemos la necesidad de tener una o más vacunas lo antes posible, es urgente minimizar el impacto de la segunda ola probable y recuperar la normalidad”</strong>, declaró ayer Salvador Illa durante <strong>una reunión informal por videoconferencia de ministros de Sanidad de la Unión Europea</strong>, en la que defendió el trabajo conjunto en el marco europeo como “la única forma de acelerar el desarrollo y garantizar la disponibilidad de la vacuna”. <strong>Los ministros de Sanidad de la UE apoyaron ayer la iniciativa de la Comisión Europea de diseñar un mecanismo de adquisición centralizada y por anticipado de vacunas en desarrollo contra el COVID-19 a las compañías farmacéuticas</strong>, para lo cual se va a destinar un fondo de más de 2.400 millones de euros. Una vez adquiridas por la Comisión, las vacunas se distribuirían entre los Estados miembros. “No hay objeciones, que yo sepa. Ningún Estado miembro ha dicho que no vaya a unirse”, declaró la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, al término de la reunión. Durante su intervención, Salvador Illa advirtió de la necesidad de <strong>garantizar tanto “la transparencia de todo el proceso de adquisición y compra” como la “la distribución justa de las vacunas” y reclamó que los criterios para una distribución equitativa incluyan la situación epidemiológica de cada país”.</strong> <strong> </strong> Salvador Illa reclamó también “<strong>un marco regulatorio claro” para la adquisición y la adjudicación de contratos</strong>, así como para el contenido del contrato final que deberán firmar los Estados miembros. Por ello, se mostró partidario de que la Comisión Europea garantice que el proceso se lleve a cabo conforme a las normas aplicables de contratación pública comunitarias y de los Estados miembros. El ministro pidió también que el Acuerdo incluya cláusulas de salvaguarda para aquellos casos en que la vacuna no se pueda usar, porque reciba una evaluación negativa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o bien porque surjan vacunas más efectivas fuera del propio acuerdo.