<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, someterá este miércoles al pleno del Congreso de los Diputados el Tratado Fiscal sobre Gibraltar, acordado entre España y Reino Unido durante las negociaciones paralelas al Acuerdo de Retirada de la UE.</strong></h4> El Acuerdo de Retirada negociado por el Gobierno británico con la Unión Europea incluye un protocolo anejo sobre Gibraltar, fruto de la negociación entre el Reino Unido y España, que menciona <strong>cuatro memorandos de entendimiento sobre Gibraltar firmados el 21 de noviembre de 2018 (sobre derecho de los ciudadanos, tabaco, cooperación en materia ambiental y cooperación en materia policial y aduanera) y el propio Acuerdo Fiscal, negociado bilateralmente con el Reino Unido.</strong> Por su condición de tratado internacional, el Acuerdo Fiscal -<strong>el primer tratado sobre Gibraltar desde el de Utrecht de 1713</strong>- debe ser ratificado por los Parlamentos de los dos países. El texto fue firmado <em>ad referendum</em> por Madrid y Londres <em>ad referéndum</em> el 4 de marzo de 2019, pero su ratificación se demoró desde entonces por los cambios de gobierno y las elecciones generales en los dos países. Finalmente, el Tratado fue aprobado y remitido a las Cortes Generales por el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero, tras lo cual deberá ser ratificado en el Congreso y en el Senado, tal como está estipulado para los tratados internacionales. Los principales objetivos del acuerdo son <strong>eliminar el fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal gibraltareño, establecer unas reglas claras para resolver con mayor facilidad los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.</strong> Para ello, se establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias, que incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona. Asimismo, se prevé la adaptación dinámica de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares de la Unión Europea y la OCDE en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.
