The Diplomat in Spain

En julio de 2008 llegaba el primero de los grandes concursos de acreedores de España durante la crisis. La empresa pionera en ejecutar esta medida de suspensión de pagos fue la inmobiliaria Martinsa Fadesa, una de las más importantes del sector. La compañía presentaba un concurso voluntario de acreedores por no poder hacer frente a la deuda contraída con hasta 45 entidades financieras por un valor de unos 5.100 millones de euros.

La también inmobiliari Habitat esperó hasta noviembre de ese mismo año, 2008, para hacer lo propio al admitir deudas de 2.300 millones de euros. En el periodo 2008-2011 se sucedieron casos similares de acusada relevancia en España. Algunos ejemplos son los de Aifos, Sacresa, Noriega o la Sociedad Nueva Rumasa, muchos de ellos con deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

En 2013 le tocó el turno al Grupo Pescanova. En abril de ese año, la compañía solicitaba esta figura, con un agujero patrimonial de 1.667 millones de euros, según cuantificó la auditora Deloitte. El proceso siguió sus cauces habituales y en mayo de 2015, las diez filiales de Pescanova en situación concursal evitaron la liquidación después de que la mayoría de los acreedores dieran el visto bueno a la propuesta de convenio planteada por la banca. Posteriormente, en septiembre, la junta de accionistas dio luz verde a la Nueva Pescanova.

El caso de Pescanova es significativo, porque justo eso es lo que pretende el concurso de acreedores, dar una segunda oportunidad a empresas que entran en situación de insolvencia y que a su vez cumplen con los requisitos fijados en la ley concursal, concretamente en su artículo 2.1.

¿En qué consiste el concurso de acreedores?

Cuando una empresa solicita de manera voluntaria el concurso de acreedores, el primer paso es conocer a fondo cómo actúa esta figura normativa. Por este motivo, es siempre interesante tener una consultoría estratégica que apoye a la dirección de la empresa en todo momento.

A la pregunta de que es un concurso de acreedores, cualquiera podría responder que es el fin de la empresa o la sociedad como tal. La realidad es que, si el proceso se ejecuta de manera sensata, acordando plazos negociando con las entidades bancarias y regulando los intereses de la empresa y los acreedores, el resultado puede ser positivo.

Si una sociedad, o su órgano de administración, detecta que una empresa está en situación de insolvencia actual o inminente, es obligatorio solicitar la declaración del concurso de acreedores en dos meses. Es en ese tiempo cuando hay que contar con la asesoría de un director financiero o profesionales adecuados especializados en estos procesos para facilitar ese paso.

Una vez iniciado el concurso, la empresa puede continuar con su actividad judicial, pero deberá hacerlo bajo la supervisión de un administrador concursal nombrado por un juez.

El concurso puede aparecer a partir de dos situaciones: de insolvencia temporal, a la que se puede poner fin mediante reestructuración de la deuda con bancos, proveedores e instituciones; o bien una situación más crítica en la que el negocio es inviable.

El segundo de los casos, de mayor gravedad, no es por ello irresoluble. Ante circunstancias de este tipo es cuando más necesaria se hace el consejo de expertos en la materia que apoyen a los administradores ante las medidas que tengan que acordar para garantizar el futuro de la empresa.

Los concursos de acreedores pueden ser de dos tipos: voluntario o necesario. La principal diferencia es que en el voluntario es la propia empresa la que inicia los trámites judiciales. El proceso concursal necesario comienza cuando son los acreedores quienes acuden a la vía judicial.

Una fase previa a la del concurso voluntario es el preconcurso de acreedores, que ocurre cuando los consejeros o los responsables de una sociedad, empresa o compañía, antes de acudir a esa vía optan por esa posibilidad, con la que pueden buscar los apoyos suficientes para abandonar la situación de insolvencia pero sin mediar la intervención de un administrador concursal. En el preconcurso, las ejeciciones se paralizan y la empresa puede continuar con su actividad empresarial sin problemas.

Esta situación, que es previa al concurso, también requiere del asesoramiento de profesionales como es el caso de Igor Ochoa, reconocido experto internacional en gestión de crisis de la Consultora Dipcom Corporate. Esta entidad ha desarrollado a lo largo de los años una metodología que le ha permitido multiplicar por 20 el porcentaje de éxito en procesos concursales y preconcursales.

Formada por un equipo multidisciplinar de profesionales experimentados, Dipcom Corporate es experta en gestión de crisis y asesoría financiera y legal a empresas que pasan por dificultades económicas. Su experiencia les ha llevado a alcanzar un alto porcentaje de éxito en reestructuración de compañías.

¿Se siguen produciendo los concursos de acreedores en España?

Tras los sonados casos de inmobiliarias y otras sociedades de gestión y holdings que entraron en concurso de acreedores durante los años más duros de la crisis parecía que esta figura iba a caer en el olvido, pero nada más lejos de la realidad.

En 2015 fueron sonados los casos de liquidación de Banco Madrid y la solicitud de Abengoa para entrar en preconcurso de acreedores. El grupo energético, que arrojaba una deuda neta de 6.300 millones de euros y había sido suspendido de cotización por la CNMV, consiguió esquivar la amenaza de quiebra un año más tarde tras recibir el visto bueno de sus accionistas a su plan de salvamento.

Un año más tarde, en 2017, Isolux se sumó a esta lista de empresas con problemas financieros. La empresa de servicios energéticos entró en concurso de acreedores con unas deudas cercanas a los 1.700 millones.

En estos últimos dos años, a pesar de los buenos datos económicos que ha registrado el país, muchas empresas se han visto abocadas a tomar medidas similares. Durante 2019 en Andalucía fueron 620 las compañías que se declararon en concurso de acreedores por no poder afrontar sus pagos y deudas.

Esta cifra es la más alta desde el año 2015, cuando los deudores concursados alcanzaron los 637. Los datos, aportados por la Estadística de Procedimiento Concursal y difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, detallan que fueron 447 sociedades y empresas y 173 personas y familias.

Otro dato que muestra la presencia actual de esta figura es el de Extremadura, donde se llegó a 124 procesos en 2019, la más alta desde el año 2014. En esta comunidad, la crisis económica hizo perder buena parte de su tejido empresarial, especialmente desde 2011.

En los últimos años, la figura del concurso de acreedores se ha consolidado como la más adecuada para darle una segunda oportunidad de viabilidad a empresas con problemas financieros.