<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno intentó ayer aclarar lo sucedido, después de que la Embajada de China en Madrid asegurara, a través de su cuenta de Twitter, que los miles de test rápidos defectuosos para detectar el COVID-19 fueron comprados por España a una empresa que no cuenta con licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China.</strong></h4> La representación diplomática añadió que el Gobierno no hizo caso de las recomendaciones de China, que proporcionó a Sanidad «una lista de recomendaciones de proveedores clasificados», entre los que no se encontraba Shenzhen Bioeasy Biotechnology, la empresa suministradora. El director del Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció en su comparecencia diaria ante la prensa que habían sido recibidos esos test fallidos, aunque matizó que son 9.000 las pruebas que no funcionan de un total de 640.000 que se han comprado a China. El defecto de esos test, según explicaron a<em> Efe</em> desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) es que tienen una sensibilidad del 20 o 30%, muy inferior a la recomendada, que debería de ser mayor del 80%. Esto provoca que las pruebas que tanto se esperaban y que tanto había promocionado el Gobierno den falsos negativos y no sean válidas. Tras conocerse la noticia, adelantada por el diario <strong>El País,</strong> el Gobierno trató de salir al paso, con un comunicado en el que señala que <strong>"no adquirió estos test a China, sino a un proveedor nacional"</strong> tras realizar "comprobaciones sobre su fiabilidad". Según el Ejecutivo, los "test rápidos defectuosos <strong>contaban con homologación europea</strong> para su compra y comercialización en todo el espacio comunitario". Junto con el comunicado Moncloa difundió dos certificados oficiales de la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology con permisos para operar en la Unión Europa. Uno de ellos es una declaración de conformidad expedida el 1 de febrero de 2020 y con sello CE del mercado europeo en el que la empresa declara cumplir la directiva europea 98/79/EC y estándares correspondientes a ocho acreditaciones ISO de 2002, 2011, 2012, 2015 y 2016. El otro es un certificado de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein), que tiene validez del 12 de julio de 2019 al 11 de julio de 2022, una de las entidades más exigentes del mundo, y que hace referencia a la calidad en el diseño, desarrollo, producción y distribución de la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Asimismo, el comunicado precisa que la compra de los test defectuosos tuvo lugar "antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España". Y asegura que el Ministerio de Sanidad "inició hace varias semanas los contactos con varias empresas para la adquisición de test diagnósticos, de los cuales existen varios sistemas en el mercado". Aduce el Gobierno que "las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor, que lo va a sustituir por otro tipo de test". La nota de Moncloa reconoce que el listado suministrado por China incluye "fabricantes validados y preferentes" pero "en ningún caso consta información" sobre la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, sobre la que la Embajada de China en España ha asegurado que no cuenta todavía con la licencia correspondiente en su país. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aclara que la controvertida compra de los test inservibles "no está relacionada" con la anunciada ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a China por un importe de 432 millones de euros para adquirir una gran cantidad de guantes, mascarillas, test y respiradores. Desde la Embajada China también han actualizado el estado de la compra de material sanitario anunciada por Sanidad «está en curso», pero que «los materiales no han salido de China aún».
