Albert Vidal
Analista Artículo 30
La crisis del coronavirus (COVID-19) y lo que ocurre en su epicentro no puede dejar de lado uno de los principales objetivos de la política nacional de China. Conforme se vaya reduciendo la pandemia, los movimientos de influencia para anexionar Hong Kong irán sucediéndose. Se puede afirmar que la resistencia social, tratada como si fuera otro virus, irá reduciéndose. Casi un año ha pasado desde que comenzaron las protestas y muchas cosas han cambiado. Este análisis pretende abordar un enfoque que ayude a comprender el conflicto, y que permita dibujar escenarios futuros sobre la importancia del dominio territorial.
Tres observaciones sobre el conflicto. En primer lugar, el profundo problema de desigualdad que sufre Hong Kong y su creciente brecha económica y social. Precios de vivienda elevadísimos, escasas salidas laborales para los estudiantes universitarios y al alineamiento con Pekín de los principales dirigentes empresariales para recibir los beneficios de las políticas del gobierno, se une una clase media cada vez más difuminada. Segundo, que según el artículo 45 de la Ley Básica de 2014 se debería haber iniciado un proceso de avance hacia la democracia y el sufragio universal, que debería haberse alcanzado en 2017. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional en China continental reinterpretó esa cláusula de la siguiente manera: los ciudadanos podrían “escoger” a su líder mediante sufragio universal, entre candidatos nominados por el Partido Comunista de China (PCCh). Esto inició la “Revolución de los Paraguas” en 2014, con resultados políticos muy escasos, pero generó un creciente malestar de la población hacia China continental.
Tercero, que en marzo de 2019 se introdujo el proyecto de ley de extradición en la asamblea de Hong Kong y este fue el detonante de las protestas masivas, que ya se alargan durante meses, y que ha tenido como resultado una movilización sin precedentes, elevando el nivel de riesgo en términos de seguridad. Para el PCCh supone un nuevo escenario, ya previsto, y como era de esperar, aplica medidas que incluyen la demostración de fuerza y opinión, como imágenes de zonas militarizadas. Contrariamente a lo que muchos piensan, las manifestaciones violentas no han supuesto una pérdida del apoyo popular al movimiento, ya que en las elecciones locales del pasado noviembre, se confirmó el apoyo, consiguiendo controlar 17 de los 18 consejos municipales. Mientras, los partidos pro-Pekín sufrieron enormes reveses, dejando en evidencia a Carrie Lam y su gobierno.
La situación actual presenta algunas novedades: vista la inamovible posición del gobierno respecto a las cuatro demandas sociales, se ha optado por iniciar una guerra económica contra aquellos negocios posicionados a favor del PCCh, conocidos como “comercios azules”, mientras que los locales son amarillos. Ante esta situación, Matthew Cheung, el número dos en Hong Kong, declaró la necesidad de activar la temida Ley de Seguridad Nacional.
La firmeza que Pekín ha mostrado respecto a las protestas es, a menudo, incomprendida. Esta se podría explicar con el concepto de ‘diū liǎn’ (丢脸) o ‘quedar mal’ y ‘ser humillado’, que está profundamente arraigado en la cultura china. Pekín no puede ceder ante las demandas de los manifestantes, ya que, si lo hiciera, estaría mostrando un enorme signo de debilidad, que incluso desde el punto de vista nacional, se entendería como una traición. Tengamos en cuenta el efecto dominó que puede darse en tres espacios de máximo interés territorial: Taiwán, el Tíbet y Xinjiang.
Otro aspecto es el relacionado con el ‘diū liǎn’ (丢脸), el temor de muchos jóvenes a sufrir otro “Tiananmén”. Es poco probable que se decida desplegar al ejército para reprimir las protestas, por el desprestigio ante la comunidad internacional. La opción es desplegar la ‘People’s Armed Police’, un cuerpo antidisturbios de élite y, por tanto, no letal, y continuar con las operaciones de influencia.
China ya ha planteado el caso de Hong Kong como una violación a su soberanía, y su política exterior, encabezada por las relaciones comerciales, son un enorme argumento de peso. ¿Qué implicación tendría para España? Si bien es cierto que la perla del sudeste asiático nos queda demasiado lejos, la realidad de la globalización, como ocurre con el coronavirus, hace que se potencien riesgos, más allá de las fronteras. Los vínculos con el movimiento independentista de Cataluña han creado una situación incómoda para España. En el intercambio de intereses, desde la óptica del power politics, esta situación beneficia a China. La respuesta diplomática de Madrid sería respaldada por el paraguas de la política exterior de la Unión Europea, con Josep Borrell al frente, pero a la larga no será fácil apoyar la legítima causa de Hong Kong.
© Este artículo ha sido publicado originalmente en Artículo 30
