<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>Las discrepancias en distintos asuntos en el Gobierno de coalición se han puesto de relieve en los dos meses que lleva de ejercicio y han afectado también a la política exterior española. Las “incursiones” de Unidas Podemos y de algunos de sus miembros en el Ejecutivo en cuestiones que tienen incidencia en las relaciones exteriores de España causan una cierta inquietud en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores y entre los diplomáticos con responsabilidades en las áreas que se ven afectadas, según pudo constatar <em>The Diplomat</em></strong> <strong>en los últimos días.</strong></h4> Desde la formación del Gobierno hace dos meses, las discrepancias del entorno de Unidas Podemos con la línea que oficialmente sigue el Ministerio de Asuntos Exteriores han quedado de manifiesto en varias ocasiones y, en algunas de ellas, han obligado a la jefa de la diplomacia española, <strong>Arancha González Laya</strong> a tratar de <strong>reconducir la situación</strong>. La primera de esas disonancias se produjo el 25 de enero, con motivo de <strong>la llegada a España de Juan Guaidó</strong>, a quien el anterior Gobierno de Pedro Sánchez había reconocido como “presidente encargado” de Venezuela. Por el contrario, el actual vicepresidente primero del Ejecutivo,<strong> Pablo Iglesias,</strong> cuyas simpatías por el régimen chavista son conocidas, calificó a Guaidó, simplemente, como <strong>“un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela”</strong>, por lo que consideró adecuado que fuera recibido por la titular de Exteriores y no por el presidente del Gobierno. <strong>La ministra se vio obligada a intentar hacer equilibrios</strong> para no desacreditar al vicepresidente segundo, indicando que Guaidó era ambas cosas: presidente encargado y líder de la oposición. Las insistentes preguntas de los periodistas en Nueva York sobre este asunto terminaron por enfadar a González Laya. La polémica se produjo, además, en medio del turbio asunto del encuentro en el aeropuerto de Barajas entre Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el que algunos han querido ver la mano de Unidas Podemos. El pasado 21 de febrero, el secretario de Estado de Derechos Sociales, N<strong>acho Álvarez, hombre confianza de Pablo Iglesias</strong>, recibió en su despacho oficial a una delegación del Frente Polisario, a cuyo frente estaba <strong>Suelma Beiruk, ministra de Asuntos Sociales y Emancipación de la Mujer de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)</strong>. En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Estado, se dio cuenta del encuentro, expresando la solidaridad con el pueblo saharaui y refiriéndose a Suelma Beiruk con su cargo de “ministra” de la RASD, lo que provocó la <strong>irritación de Marruecos</strong>. Dos días después, González Laya recibió la llamada de su colega marroquí, <strong>Nasser Bourita, para pedir explicaciones</strong>, lo que la llevó a movilizarse para que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales borrase todos los tuits que había publicado, junto con las fotografías de la reunión.<strong> Los tuits y las fotografía fueron borrados</strong>. Además, la ministra tuvo que aclarar que la posición de España con respecto al Sáhara Occidental no ha cambiado y, específicamente que “España no reconoce a la RASD”. Al ser preguntado por los periodistas, sobre el incidente, Pablo Iglesias reconoció que la postura de España respecto al Sáhara la marca el Ministerio de Exteriores, y trató de explicar que la reunión de Álvarez con la delegación del Polisario la organizó la ONCE, y sólo tenía como objetivo tratar una colaboración con personas invidentes. Otra disonancia se produjo mas recientemente y con menor incidencia mediática, en <strong>relación con Bolivia</strong>. La ministra González Laya acordaba con su colega boliviana, Karen Longaric, con quien se reunió el pasado día 1 en Montevideo, emprender el <strong>camino para normalizar las relaciones</strong> entre los dos países, deterioradas con las expulsiones mutuas de diplomáticos, tras los sucesos de finales de diciembre en la Embajada de México en La Paz. Mientras tenía lugar ese acercamiento, <strong>el vicepresidente segundo</strong> se comprometía a participar en un acto en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense <strong>con Álvaro García Linera -exvicepresidente de Bolivia y brazo de derecho de Evo Morales</strong> – que se encuentra asilado en Argentina y es investigado por la Fiscalía Departamental de La Paz por “delitos electorales”. La última de las discrepancias conocidas se ha producido tras conocerse el <strong>recurso ante el Tribunal Supremo,</strong> por parte de la Abogacía del Estado -que depende jurídicamente del Gobierno- <strong>contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció una indemnización de 182.000 euros a la familia del cámara de Telecinco José Couso</strong> muerto por disparos de un carro de combate estadounidense en Bagdad en abril de 2003. La sentencia consideró que la Administración española no dio la suficiente protección diplomática a la familia de Couso, al no haber emprendido "acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional". La ministra González Laya señaló que la oposición a la sentencia se debe a que aceptar el pago de la indemnización sentaría un precedente “<strong>inasumible” para el Estado</strong>. Añadió que se había reunido con la familia de Couso para trasladarles la "dificultad" que tiene el Estado en asumir la sentencia "porque transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero". <strong>Unidas Podemos e Izquierda Unida</strong>, en un comunicado conjunto expresaron su <strong>disconformidad con el criterio de la Abogacía del Estado</strong> reaccionó, aunque posteriormente el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de la coalición en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, trató de rebajar el choque, asegurando que la discrpeancia es con la Abogacia del Estado, de la que dijo que "no es el Gobierno" sino "una institución jurídica que maneja sus criterios jurídicos propios". Estas diferencias de criterio en asuntos de política exterior pueden provocar reacciones en algunos países como se ha visto sobre todo en el caso de Marruecos, con la cuestión saharaui o de Estados Unidos, que no ocultó su malestar, por el tratamiento a Guaidó. Hay, además, otros asuntos en los que no es descartable que asomen pronto algunas diferencias, como, por ejemplo, en relación al conflicto israelo-palestino, ya que, estando en la oposición, Unidas Podemos se ha mostrado siempre muy beligerante hacia Israel.
