<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Los esfuerzos del Gobierno español para "restablecer el orden democrático" en Venezuela pasan por "impulsar una hoja de ruta para que se celebren elecciones", tanto parlamentarias como presidenciales, "con plenas garantías", según dice en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Marta Martín.</strong></h4> El Gobierno español, como la mayoría de la UE, no reconoció las presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro se aseguró la reelección, e insiste desde entonces en que se celebren elecciones presidenciales. Sin embargo, en 2020 debe haber elecciones a la Asamblea Nacional -las últimas fueron en 2015-, así que el Ejecutivo reconoce esta realidad y se propone que ambas se celebren con garantías. La Asamblea Nacional es el único órgano constitucional que aún está en manos de la oposición a Nicolás Maduro --de hecho, el régimen impulsó una Asamblea Nacional Constituyente para quitarle poder-- y ese espacio de representación está en juego en las próximas elecciones, previstas para el 6 de diciembre. La oposición a Maduro, por boca del comisionado presidencial Julio Borges, ha avisado de que celebrar únicamente elecciones parlamentarias --como querría el régimen-- "no es la solución", una postura que ha obtenido el apoyo del Grupo de Lima. Por el momento, el Gobierno quiere, a través de la UE, reactivar el grupo internacional de contacto para buscar una solución. España insiste en que la solución sea "negociada y liderada por los propios venezolanos", según explica el Gobierno en la respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso <em>Europa Press</em>. Las preguntas de la diputada versaban principalmente sobre los encuentros del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Turismo, Félix Plasencia, pero en ese punto el Gobierno responde que ya dio "cumplida información" en el Pleno del Congreso, donde Ábalos fue interpelado por el PP. Además, el Gobierno afirma que seguirá "aplicando de forma plena, tal y como ha hecho hasta ahora, el conjunto de sanciones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en 2017 y renovadas sucesivamente, con actual vigencia hasta noviembre de 2021". Eso, recalca el Ejecutivo, "es su obligación en tanto miembro de la Unión Europea y por su compromiso de contribuir hacia una solución de la actual crisis social, política, económica y humanitaria que atraviesa el país". La diputada pedía también una relación de altos cargos o ex altos cargos venezolanos que residan en España o tengan propiedades en territorio español, pero el Gobierno responde que, sobre personas que no estén incluidas en esa lista no puede dar información "por razones de protección de privacidad". El Ejecutivo difundió el pasado domingo un comunicado en el que condenaba “rotundamente” el ataque perpetrado el pasado sábado por “colectivos” contra una manifestación liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Barquisimeto, en el noroeste de Venezuela, y ha trasladado a los heridos “los deseos de una pronta recuperación”. El Ejecutivo mostró su rechazo al<strong> “hostigamiento al presidente encargado Guaidó</strong>, a su entorno y a los representantes de la oposición democrática venezolana en general” y reclamó que “todos los actores responsables se abstengan de realizar declaraciones que puedan incitar a este tipo de actos” y que “se garantice a los venezolanos el ejercicio del legítimo derecho de manifestación pacífica”.
