<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las cuentas anuales del Consorcio Casa Asia correspondientes al ejercicio 2018, y el consiguiente informe de auditoría de cuentas, revelan la “delicada situación patrimonial” por la que atraviesa la entidad a causa de la disminución de las aportaciones de dos miembros del Consejo Rector, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.</strong></h4> De acuerdo con la Memoria de las Cuentas Anuales, publicado ayer por el <a href="https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2691.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Boletín Oficial del Estado (BOE)</strong>,</a> el Consorcio Casa Asia presentaba al cierre del ejercicio 2018 un resultado negativo de más de 1,5 millones de euros y un patrimonio neto negativo por importe de más de 2,3 millones de euros. <strong>“La evolución de los ingresos del ejercicio 2018 se ha visto marcada por una disminución en el volumen de aportaciones por parte de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona con respecto a los ejercicios anteriores”</strong>, asegura la Memoria. Este panorama presenta, por tanto, una “delicada situación patrimonial” que se podría agravar aún por la indemnización que Casa Asia probablemente deberá pagar a la promotora inmobiliaria <strong>Alting, S.A. </strong>En 2005, Casa Asia contrató con esta empresa el alquiler de un edifico de oficinas contiguo a la primera sede de Casa Asia en Barcelona, el palacio del Baró de Quadras, en la Diagonal. En 2013, Casa Asia se trasladó al recinto modernista de Sant Pau, y aunque se comprometió a seguir pagando el alquiler a Alting hasta 2016, no lo hizo, razón por la cual la inmobiliaria interpuso una demanda de 2,7 millones de euros que finalmente fue ganada. La Audiencia Provincial de Barcelona decidió en septiembre de 2018, tras el recurso de Casa Asia, reducir a condena en un 50%, con lo que la cantidad se quedó en casi 1,4 millones. Alting presentó en diciembre de 2018 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuya admisión todavía no se ha resuelto. Según el informe de auditoría, “el hecho de que en un futuro sea previsible que este pago deba materializarse no ha hecho sino agravar sustancialmente la delicada situación patrimonial del consorcio”. En estas condiciones, según los auditores, <strong>“las pérdidas que presenta Casa Asia, unidas al incremento de las deudas del consorcio, han deteriorado la composición patrimonial de la entidad hasta el punto de que Casa Asia se encuentra en una situación de desequilibrio financiero, hecho que, de no realizarse nuevas aportaciones al patrimonio del ente, pondría de manifiesto la incapacidad de la entidad para continuar con sus operaciones, y cumplir con las obligaciones que de las mismas se derivan”</strong>. La Casa Asia nació en 2001 tras un convenio de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que conforman el <strong>Consejo Rector</strong>. El acuerdo de colaboración establece que el Ministerio deba pagar el 60% de los gastos ordinarios y de programas del consorcio y el Ayuntamiento y la Generalitat se reparten a partes iguales el 40% restante. Los otros miembros del Consejo Rector son los Ayuntamientos de Madrid (desde 2007, con una subsede) y Valencia (desde 2017). Hasta 2016, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Exteriores abonaron su parte, pero <strong>la Generalitat ha reducido considerablemente sus aportaciones a Casa Asia desde 2013 en el marco de su política de ampliación de la presencia en el exterior y de ‘desconexión’ del Ministerio de Exteriores</strong>. En 2015 redujo su aportación en casi un 80%. A finales de 2016, el Gobierno catalán de Artur Mas se comprometió a pagar 340.000 euros, que finalmente quedaron en 90.000, mientras que el siguiente Ejecutivo de Carles Puigdemont se limitó a alegar que los presupuestos de 2016 no incluían ninguna partida para Casa Asia. En el ejercicio de 2018, la aportación de la Generalitat fue de 180.000 euros. Desde su fundación, Casa Asia ha tenido tres sedes. La actual se encuentra en el edificio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de Barcelona desde noviembre de 2018, meses después de ser desahuciada del recinto modernista de Sant Pau por impago de alquileres.
