The Diplomat
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que la Depositaría de Bienes del Estado español en El Aaiún, capital de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, no tiene capacidad jurídica para realizar funciones consulares y, por tanto, ya no podrá seguir legalizando documentos.
González Laya respondió así a Ana Oramas, diputada de Coalición Canarias, quien denunció que el cierre del “consulado” de España va dejar “desasistidos” a 12.000 españoles de origen saharaui que se van a ver obligados a trasladarse a Rabat para tramitar sus documentos oficiales. Esta medida ha sido también criticada por la Asociación Saharaui de Defensa de Derechos Humanos (ASADEDH), que advirtió de que los principales afectados serán “pensionistas y menores de edad con imposibilidad, tanto física como económica, de realizar tan largo viaje”.
Según la ministra, la Depositaría “nunca ha sido un Consulado”, por lo que ha sido necesario “poner un poco de orden” para garantizar que esta oficina “no incurre en actos jurídicos para los que no tiene autorización ni capacitación”.
Durante una rueda de prensa posterior en el Palacio de Viana, González Laya aclaró que “en El Aaiún hay una Depositaría de Bienes, una figura diferente de un consulado, porque un cónsul tiene una autoridad para legitimar documentos públicos que no tiene una depositaría de bienes”.
“Nada cambia para los ciudadanos que están viviendo en El Aaiún”, prosiguió. “Únicamente había que clarificar que esa oficina no tiene autoridad para ejercer funciones consulares”, porque “no hay cónsul en El Aaiún y nunca lo ha habido y esa figura tiene que respetar el marco de competencias de esa figura”, concluyó.
