Ernesto M. Pascual Bueno
Doctor en Ciencias Política y Relaciones Internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya
Todo pasa por Irlanda. Además del verdor de sus campos, el azul de sus mares y lo negro de su cerveza, Irlanda es el factor clave para entender el mecanismo de elusión fiscal que da origen a un movimiento internacional para implantar la tasa Google. Tras años sin legislación, la UE obligó a Irlanda a modificar su política fiscal para evitar que las grandes multinacionales se aprovechasen del mecanismo llamado “el doble irlandés”. Se trataba, se trata, de crear una filial, con domicilio social en Irlanda -cuyo sistema impositivo es extremadamente bajo-, y así facturar por los negocios realizados en todo el mundo en ese país, consiguiendo pagar los mínimos impuestos y obteniendo el máximo de beneficio.
Abusando de su posición de dominio, Google ni siquiera retornaba esos beneficios a EEUU, sino que se ahorraba el impuesto de sociedades desviándolos a las Bahamas. La llegada de Trump a la Presidencia norteamericana -que bajo los impuestos a las grandes empresas y subió la tributación de los beneficios obtenidos fuera del país- y la presión ejercida sobre el gobierno irlandés por la propia administración americana hizo que Google y otras grandes compañías tecnológicas y farmacéuticas decidieran volver al redil. Es decir, retornar a EEUU las licencias de propiedad intelectual de sus productos y volver a pagar impuesto allí, dejando los beneficios generados dentro del país.
Sin embargo, este acuerdo satisfactorio para el gobierno norteamericano dejó insatisfechos al resto de países dónde esas multinacionales venden sus productos o prestan sus servicios. El foco, sobre todo para los países de la UE, debe basarse en el usuario, de modo que las empresas de servicios digitales deben pagar los impuestos en el país donde generan los beneficios o el valor añadido a la empresa. Esta preocupación internacional ha tenido su reflejo en las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno de la OCDE.
Pero los irreductibles galos (taxe GAFA 2019), la aldea global del Reino Unido (Diverted Profits Tax) y ahora España se han adelantado a los posibles acuerdos, con el enfado del presidente Trump. Pero hay trampa, siempre la hay. Ante la amenaza norteamericana de aumentar los aranceles el 100% a los productos de los países que no esperen a la resolución de la OCDE sobre el tema, los gobiernos francés y español han diferido el pago hasta diciembre de 2020, cuando se prevé que el acuerdo ya estará firmado. Es decir, de momento han realizado un ejercicio de soberanía nacional con un brindis al sol.
Algo esta claro, la necesidad de nueva financiación tras la crisis de 2007 ha hecho que los Estados comiencen a redimensionar su sistema impositivo, basado en la lógica de las estructuras productivas del siglo XX, para adaptarlo al escenario globalizado del siglo XXI. Lo curioso es que este enfoque ha partido desde el Estado nación antes que desde la comunidad internacional. En el fondo, los problemas son los mismos: crecimiento de la desigualdad, insuficiente redistribución de la riqueza y la acuciante necesidad de la desaparición de los paraísos fiscales para la creación de una sociedad internacional realmente justa.
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