<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó ayer los anteproyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que espera ingresar 1.818 millones de euros anuales.</strong></h4> Según informó el Gobierno, ambas figuras tributarias <strong>“van en la línea trazada por la Comisión Europea, y que también defienden otros organismos internacionales, para adecuar el sistema fiscal a las nuevas áreas de negocio digital y también a la realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están bien reflejadas en el marco tributario actual”</strong>. El objetivo, aseguró el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es “buscar un sistema fiscal más justo y redistributivo y para ello ve necesario avanzar por la senda impositiva ya iniciada por países de nuestro entorno, como Francia o Italia, y avalada por las autoridades comunitarias”. “España, como país moderno y avanzado, no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado”, declaró ayer <strong>la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero</strong>, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ambos nuevos tributos “ya se presentaron en la anterior legislatura, pero su tramitación no pudo completarse por la convocatoria de elecciones”. <strong>La aprobación de los dos impuestos figura en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales del pasado 10 de noviembre.</strong> <h5><strong>Tasa Tobin</strong></h5> El <strong>Impuesto sobre Transacciones Financieras</strong>, popularmente conocido como <em>Tasa Tobin</em> (la idea fue propuesta en 1971 por el economista estadounidense James Tobin para frenar la volatilidad de mercado financiero internacional), grava “unas operaciones que no se encuentran sujetas en estos momentos a impuesto alguno”, según el Gobierno. Además, añadió, “<strong>este tributo afecta al sector financiero, que fue receptor de importantes ayudas públicas durante la crisis, de forma que ahora contribuya más al mantenimiento del Estado de bienestar”</strong>. Este impuesto indirecto, que <strong>“va en la línea defendida por la Comisión Europea y que ya han adoptado otros países, como Francia o Italia”</strong>, grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes. <strong>“La estimación de ingresos de este gravamen es de 850 millones de euros anuales”</strong>, según el Consejo de Ministros. <h5><strong>Tasa Google</strong></h5> Por otra parte, el <strong>Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales</strong>, popularmente conocida como <em>Tasa Google</em> (por motivos evidentes), pretende “adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital”. Según el Ejecutivo, “actualmente, hay operaciones propias de la economía digital que no están gravadas, lo que supone también un agravio para los negocios tradicionales”. El Proyecto presentado tiene su origen en la propuesta de Directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar esos servicios digitales. En todo caso, <strong>“España apuesta por lograr un consenso a nivel internacional en esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo”. </strong> <strong>Varios países del entorno europeo “comparten esta postura de España y ya han dado pasos para implantar un impuesto digital propio e incluso, en algunos casos como Francia o Italia, ya ha sido aprobado”</strong>. Aparte, Reino Unido ha presentado un gravamen y Austria o Alemania tienen impuestos que gravan algún servicio digital. El Impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo. <strong>La recaudación estimada es de 968 millones de euros</strong> y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral. Sin embargo, <strong>“de manera excepcional, este primer año el pago se efectuará a finales de 2020”</strong>, una medida que “pretende dar un mayor margen a las negociaciones a nivel internacional, con idea de llegar a un consenso global en los próximos meses, y, además, facilitar la adaptación de las empresas afectadas”. <strong>Esta medida es similar a la adoptada por Francia</strong>, cuyo Gobierno ha optado por aplazar su liquidación hasta diciembre, en lugar de la liquidación trimestral inicialmente prevista, a fin de evitar posibles represalias de Estados Unidos.
