The Diplomat
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló ayer la devolución en caliente de dos jóvenes migrantes subsaharianos que fueron expulsados en Melilla en 2014 y revocó, por tanto, la condena dictada por este mismo tribunal contra España en 2017. El recurso contra esta condena fue interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy y mantenido por Pedro Sánchez. a pesar del compromiso del PSOE de poner fin a estas devoluciones sumarias.
A juicio de los jueces del Tribunal de Estrasburgo, los dos migrantes -procedentes de Malí y Costa de Marfil- que saltaron la valla de Melilla en agosto de 2014 se pusieron “deliberadamente” en una posición “ilegal” con su decisión de entrar en España por un punto “no autorizado” y fuera de los “procedimientos legales”, por lo que su expulsión fue legal.
El Tribunal revoca así la condena impuesta por esta misma sala contra España en octubre de 2017 por la devolución sumaria (o en caliente) de los dos jóvenes migrantes. En aquella ocasión, el TEDH estableció que España había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos por tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial. No obstante, el mismo Tribunal dio ayer la razón al recurso interpuesto contra aquella condena por el Gobierno de Mariano Rajoy, que había regularizado en 2015 las devoluciones sumarias en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Las devoluciones en caliente fueron duramente criticadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), e incluso por la Comisión Europea y el Consejo de Europa. El propio PSOE, cuando aún estaba en la oposición, se comprometió a paralizarlas e incluso presentó en 2015 un recurso contra la ley de Seguridad Ciudadana, sobre el que todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, las devoluciones sumarias no sólo no se interrumpieron tras la llegada de los socialistas al Gobierno («en cumplimiento de la legislación vigente»), sino que incluso se mantuvo el recurso. Como principal argumento para no paralizar estas devoluciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se escudó en la necesidad de esperar a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que intervino como tercera parte en la demanda junto a otras entidades, calificó ayer de “desalentadora” la decisión de Estrasburgo y advirtió de que este fallo “no debe entenderse como un respaldo legal general a las expulsiones colectivas, sobre todo teniendo en cuenta que la Gran Sala justifica su decisión en que estas personas podrían haber solicitado asilo en el puesto fronterizo de Melilla, pese a que ninguna persona de origen subsahariano ha podido acceder a este puesto desde su creación”.
