<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Meliá International Hotels ha puesto “en manos de las instituciones nacionales españolas y, especialmente, de las autoridades comunitarias” la solución del conflicto creado por la decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada de su consejero delegado y vicepresidente, Gabriel Escarrer. El Gobierno anunció ayer que está trabajando </strong><strong>“</strong><strong>coordinadamente</strong><strong>“ </strong><strong>con la UE para buscar una respuesta a la Ley Helms-Burton.</strong></h4> Según informó la propia <a href="https://www.meliahotelsinternational.com/es/sala-de-prensa/noticias/comunicado-melia-hotels-international-helms-burton" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>compañía</strong></a>, Meliá recibió el pasado 11 de octubre una carta del Departamento de Estado de EEUU en la que se le advertía de que, <strong>“en aplicación del Título IV del <em>Liberty Act</em> (también conocida como Ley Helms Burton), y en caso de no aceptar una serie de condiciones relacionadas con la actividad en la República de Cuba de empresas filiales, en un plazo de 45 días se le prohibiría el acceso a los Estados Unidos de América”</strong>. En concreto, el Título IV de la ley permite a las autoridades norteamericanas expulsar del país o impedir la entrada a "extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes”, en referencia a los ciudadanos estadounidenses que fueron expropiados tras la revolución castrista de 1959. La compañía cree que “cartas similares habrían sido dirigidas a más de medio centenar de empresas con intereses en Cuba”. <strong>Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han asegurado que Meliá –que cuenta con 38 hoteles en Cuba- es la única empresa española afectada por esta medida.</strong> Según Meliá, “la Administración Estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales mantienen con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles situados en la región de Holguín, que estarían ubicados, a su entender, en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sanchez Hill a finales de los años 50 del siglo pasado”. “Cabe recordar”, prosiguió, “que <strong>la demanda iniciada en España por los supuestos representantes de la familia mencionada fue desestimada íntegramente por nuestros tribunales en primera instancia</strong>”. Aparte, “las condiciones impuestas por el Departamento de Estado norteamericano no resultaban asumibles por la Compañía” y su cumplimiento es “<strong>contrario a la normativa europea (conocida como Estatuto de Bloqueo), que considera que la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho internacional”</strong>, añadió. Por todo ello, Meliá, en cumplimiento de esta normativa comunitaria, <strong>“ha puesto en manos de las instituciones nacionales españolas y, especialmente, de las autoridades comunitarias, la resolución de esta cuestión, confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución a esta situación”</strong>. “Reiteramos, como no podría ser de otra manera, nuestro respeto y confianza en la implicación e impulso hacia una solución positiva por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales, insistiendo una vez más en la lealtad, legalidad y responsabilidad con las que nuestras filiales han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba”, agregó. Las citadas fuentes del Ministerio indicaron que <strong>el tema no figuró en la agenda de la reunión que la ministra, Arancha González Laya, mantuvo ayer con el embajador de Estados Unidos, Duke Buchan</strong>. “Es una cuestión que no afecta en exclusividad a España, afecta a toda la UE e implica a otros Ministerios y a la Comisión Europea”, prosiguieron. <strong>“La UE y todos los Estados miembros se han referido en varias ocasiones en contra de la reactivación de la ley Helms-Burton”</strong>, una cuestión que “se trabaja coordinadamente con otros Ministerios, Estados miembros y la Comisión Europea”, añadieron las fuentes.
