El Convenio Penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción, que entró en vigor para nuestro país el 1 de agosto de 2010, tiene como objetivo principal que los Estados miembros tipifiquen como delitos una serie de conductas diversas relacionadas con el fenómeno de la corrupción, entre ellas el cohecho activo y pasivo en el sector público y en el sector privado, el tráfico de influencias, el blanqueo del producto de delitos de corrupción y los delitos contables.
El Convenio autoriza la formulación de reservas, que serán válidas durante tres años. España ya ha renovado su reserva en dos ocasiones, el 1 de agosto de 2013 y el 1 de agosto de 2016. El plazo de vigencia de la última renovación de la reserva finalizó el 1 de agosto de 2019, plazo que ha sido prorrogado por un período de seis meses, hasta el 1 de febrero de 2020. Si España no notifica la renovación de la reserva al depositario del Convenio antes del 31 de enero, ésta decaerá, sin que exista posteriormente la posibilidad de formular una nueva reserva.
En esta ocasión, y por recomendación del Ministerio de Justicia, España se reservará el derecho de “exigir el requisito de la doble incriminación para perseguir infracciones cometidas por los propios nacionales en el extranjero” y, por tanto, para “poderlos enjuiciar por hechos punibles tipificados como tales por la legislación del país en el que se hayan cometido”, en coherencia con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Este tipo de reserva ha sido formulada y mantenida en idénticos o similares términos que España por países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Suiza”, aseguró el Gobierno. Otros países signatarios mantienen reservas más amplias que España y afectan a diversos artículos del Convenio, como es el caso de Italia, Bélgica y Reino Unido, entre los más próximos.
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