<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes un acuerdo por el que se toma conocimiento de las declaraciones formuladas por España en relación con el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal y el Convenio Europeo de Extradición, en ambos casos en lo que se refiere a su aplicación en Gibraltar.</strong></h4> El <strong>Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal</strong> fue adoptado en 1959 con el propósito de adoptar normas comunes en este ámbito por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa. Entró en vigor con carácter general el 12 de junio de 1962 y actualmente ha sido ratificado por 50 Estados, entre ellos España (en 1982) y Reino Unido. Por otra parte, el <strong>Convenio Europeo de Extradición</strong> fue adoptado en 1957 con el propósito de adoptar reglas uniformes en esta materia por parte de los Estados Miembros del Consejo de Europa. Entró en vigor con carácter general el 18 de abril de 1960 y actualmente ha sido ratificado por 50 Estados, entre ellos España (1982) y el Reino Unido. El 29 de julio, <strong>el Reino Unido envió sendas comunicaciones al Consejo de Europa indicando su propósito de extender la aplicación a Gibraltar de estos tratados internacionales</strong>. La Secretaría General del Consejo notificó el 1 de agosto a todos los Estados parte la propuesta del Reino Unido, indicando que, si en el plazo de 90 días (hasta el 27 de octubre de 2019) no formulaban objeciones, se consideraría tácitamente aceptada. Ante esta situación, según explicó el Gobierno, <strong>“España no se opone a que estos tratados se apliquen a Gibraltar</strong>, pero considera que, con base en el articulado de los mismos, <strong>la extensión de su aplicación a ese territorio solamente puede hacerse con el consentimiento expreso, no solo de nuestro país, sino de todos los Estados que actualmente son parte en dichos tratados</strong>”. <strong>“Así pues, los Estados parte deberían haber recibido una solicitud del Reino Unido en ese sentido y no una simple comunicación de la Oficina de Tratados del Consejo de Europa</strong> según la que el consentimiento tácito supone la ampliación del ámbito territorial del Convenio y sus protocolos a Gibraltar”, añadió. Por ese motivo, <strong>el pasado 24 de octubre España presentó ante el Consejo de Europa sendas Declaraciones</strong> de carácter procedimental “señalando dicha circunstancia”.
