The Diplomat
Las autoridades del Reino Unido anunciaron ayer su decisión de no tramitar la orden europea de detención y entrega dictada por el Tribunal Supremo contra la ex consellera catalana de Educación Clara Ponsatí por considerarla “desproporcionada” de acuerdo con la legislación británica. Sin embargo, posteriormente, rectificaron y afirmaron que la decisión se debió a la «falta de información esencial».
El juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, remitió este pasado lunes a Bélgica y Reino Unido sendas órdenes europeas de detención y entrega contra los ex consellers Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que huyeron de España en octubre de 2017. Ponsatí, quien se encuentra en Escocia, había sido imputada por la Fiscalía de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, pero el juez decidió excluir el cargo de malversación y mantener sólo el de sedición.
La representación en el Reno Unido de Sirene, la Oficina de Localización de Reclamados de la UE, contestó a su homóloga española que no va a dar curso a la entrega de Ponsatí después de que un abogado británico haya determinado, en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA), que la orden de detención era “desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido”. Fuentes jurídicas consultadas por la agencia Europa Press indicaron, al respecto, que en la legislación británica la sedición es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España.
Por tanto, la orden de detención europea “no ha sido certificada por el Servicio Nacional Sirene del Reino Unido y, por el momento, el Reino Unido no tomará ninguna otra medida en relación con este asunto”. “Si tiene en su poder información sobre el historial delictivo previo de la persona o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción, sírvase facilitarla a la NCA y volveremos a evaluar nuestra decisión de no certificar esta orden de detención europea”.
En un comunicado, el abogado de la exconsellera, Aamer Anwar, aseguró ayer que Ponsatí no se entregaría este jueves en una comisaría de Edimburgo, como estaba previsto, y declaró que la Euro-orden contiene «contradicciones» porque se refiere a delitos de rebelión y sedición, cuando Ponsatí solo ha sido acusada de sedición.
Anoche, sin embargo, el Ministerio del Interior del Reino Unido envió una nota a la Embajada española en Londres, rectificando la que había mandado horas antes, y señalando: «En nuestro mensaje anterior, nuestra respuesta fue incorrecta al determinar su orden de detención como desproporcionada, ya que no es desproporcionada, sino que existe una falta de información esencial».
Aseguran las autoridades británicas que están «considerando» la euroorden, pero dicen que «actualmente no facilita suficientes detalles sobre la naturaleza del delito» de sedición que se le atribuye a Ponsatí. Y en concreto, afirma que hay «una falta de descripción sobre el lugar y hora en el que se cometieron los hechos».
La nota del Ministerio del Interior señala que «la solicitud también debe mostrar una clara conexión entre el delito y el reclamado de manera individual» e insta a España a «proporcionar mas detalles urgentemente», indicando que solo así «la decisión sobre la detención por la policía será adoptada si se considera apropiado».
Tras conocer la primera versión de las autoridades británicas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó en su cuenta de Twitter que el rechazo por parte del Reino Unido de la Euro-orden supone un «ridículo internacional de España y la justicia española».
Por otra parte, la defensa del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció ayer su intención de incluir, en sus alegaciones a la Justicia belga para impedir su entrega a España, las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que insinuó que la Fiscalía actúa bajo las órdenes del Ejecutivo.
Sánchez matizó posteriormente sus declaraciones a RNE asegurando, en su cuenta de Twitter, que “Puigdemont es un prófugo de la Justicia”, que el objetivo del Gobierno es que “el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad” y que “la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”.
