The Diplomat
El juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, emitió ayer sendas órdenes europeas de detención y entrega contra los ex consellers catalanes Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, actualmente huidos en Bélgica y Escocia.
Estas órdenes de detención contra los ex consellers, que huyeron de España en octubre de 2017 y fueron declarados formalmente en rebeldía en julio de 2018, se unen a la que fue emitida contra el anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que varios antiguos miembros de su gobierno fueran condenados el pasado 14 de octubre por el Tribunal Supremo en el llamado juicio del procès.
Llarena ha tomado esta decisión después de que los fiscales del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena solicitaran el pasado 31 de octubre la reactivación de las euro-órdenes tras considerar que la sentencia del 14 de octubre aportaba «un elemento de seguridad jurídica sin duda mayor al que ha venido representado por el auto de procesamiento y de prisión en el que se han fundado las órdenes anteriores que fueron rechazadas por los países requeridos».
Los fiscales han imputado a Ponsatí y Comín –ex consejeros de Educación y Sanidad, respectivamente- los delitos de sedición y malversación de fondos públicos y a Lluís Puig -exconsejero de Cultura- los delitos de malversación y desobediencia a los tribunales. No obstante, el juez ha decidido excluir a Ponsatí (actualmente en Escocia) del cargo de malversación por considerar que la cesión de locales del departamento de Educación para la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O no supone un caso de malversación.
Según informaron sus defensas a la agencia Europa Press, los tres ex consellers tienen la intención de entregarse en los próximos días a la Policía de los países en los que residen actualmente. De momento, ya se han remitido las órdenes europeas de detención y entrega de Comín y Puig a la autoridad judicial competente de Bélgica y la de Clara Ponsatí a la autoridad judicial competente de Escocia, además de a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Asimismo, se han enviado las órdenes internacionales a Interpol para la detención de los procesados en caso de trasladarse a un país que no pertenezca a la UE.
