The Diplomat in Spain

Eduardo González

La necesidad de reducir la brecha digital en América Latina y la defensa del derecho de los ciudadanos a controlar su huella digital frente a los que “hacen negocio con sus datos personales” son dos de los grandes retos de la colombiana María Isabel Mejía, alta responsable en innovación digital de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Mejía es una ingeniera de sistemas y computación con más de 35 años de experiencia en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tanto en el ámbito público como privado. Como viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, entre 2012 y 2016 lideró el fortalecimiento de la industria de las TIC en Colombia. En la actualidad es ejecutiva senior en Gobierno Digital en la Dirección de Innovación Digital del Estado del CAF, desde donde impulsa la transformación digital del Estado en los países de Iberoamérica. Esta semana ha estado en la capital de España para participar en el Diálogo Político 2019 del Club de Madrid, dedicado a los desafíos de la transformación digital y la inteligencia artificial (IA).

The Diplomat: ¿Cuál es el alcance de la llamada huella digital?

María Isabel Mejía:  La huella digital se configura a partir de las interacciones con los dispositivos digitales. Cuando navegamos por Internet, usamos celulares o GPS, vemos Netflix, Spotify o YouTube, miramos vídeos o usamos las redes sociales, nuestra huella queda ahí porque hemos dado permiso y hemos aceptado las condiciones a través de las cookies, y quedan registrados nuestros hábitos, nuestros gustos, lo que compramos, lo que pensamos. Esa es ya una realidad, en América Latina y en todo el mundo.

TD: ¿Y en qué medida estamos los ciudadanos afectados o protegidos ante la huella digital?

MIM: Con las leyes de protección de datos personales aprobadas en diferentes países la gente tiene derecho a pedir que le saquen de esas listas, y eso ya es un avance, pero los ciudadanos deberíamos tener derecho a saber qué datos tienen de nosotros, a ser dueños de nuestros datos, porque nuestros datos son de otros, de los que hacen negocio con nuestros datos, como bancos, compañías de seguros y todos los que quieren que consumamos artículos y servicios. Nosotros deberíamos poder ser dueños de nuestra información y aprender a gestionar nuestros propios datos, porque hay un abismo entre quienes pueden seguir la huella digital y quienes no.

TD: ¿El Estado tiene alguna responsabilidad en ello?

MIM:  El Estado tiene la responsabilidad de regular la protección de datos, hacer que se cumplan las regulaciones de datos personales, pero también debe concienciar a la gente de que tiene que aprender a gestionar su huella digital, darle los conocimientos y las habilidades para gestionar la huella digital.

TD: ¿Y cuáles son las ventajas y los peligros del uso de la huella digital por parte de los Gobiernos?

MIM: Depende del tipo de régimen de cada país. Un Gobierno puede utilizar los datos para formular mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones. En un gobierno responsable que busque el bien público, puede ser maravilloso que tenga nuestros datos, pero incluso en estos casos también tiene que estar regulado, porque no sólo se tiene que regular el uso de los datos por parte del sector privado. Es una oportunidad, pero también existe el riesgo de que ciertos Estados usen los datos personales de manera que afecten negativamente a las mismas personas.

TD: ¿Cómo trabaja el CAF para reducir la brecha digital en América Latina?

MIM: El CAF es un banco de desarrollo que históricamente siempre ha apoyado el desarrollo de los países, ayudándoles a construir infraestructuras, como carreteras, aeropuertos, energía o telecomunicaciones. Pero también es consciente de que el desarrollo de los países no sólo pasa por las inversiones en infraestructuras, también se necesitan Estados modernos, ágiles, más eficientes, más transparentes y más abiertos, y por ello se ha creado una dirección de Innovación Digital del Estado que apoya a los Estados en su estrategia de transformación digital, en la incorporación de las nuevas tecnologías y en el uso de datos para formular mejores políticas públicas, mejorar los servicios a los ciudadanos y mejorar la eficiencia interna de los Estados. Dentro de esa estrategia, fomentamos el uso de los datos y de la Inteligencia Artificial en el sector público de manera responsable; siempre le pongo ese apellido, el uso de responsable de la Inteligencia Artificial y de los datos.

TD: ¿En qué medida es urgente reducir la brecha digital en América Latina?

MIM:  El acceso a Internet es totalmente urgente, muy urgente, porque definitivamente el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, la Inteligencia Artificial, los Big Data, conllevan un mejoramiento de la calidad de vida y la gente no puede quedar desconectada de unas tecnologías que le van a mejorar la calidad de vida. Es urgente poner todos los recursos necesarios para democratizar la tecnología y para que todo el mundo pueda acceder a ella, porque si no se reduce la brecha digital se corre el riesgo de profundizar la brecha social. Por ello se deben formular políticas públicas que permitan llegar a las poblaciones de las zonas rurales con menos ingresos, en las que todavía hay mucha gente sin acceso ni siquiera a Internet. Llevar la tecnología a las poblaciones rurales puede ser muy costoso para los operadores privados, no hay demanda, no es rentable y, por tanto, no hay negocio.