“América Latina y Europa marcan los vectores fundamentales de la política exterior de España, son dos mundos con los que nos sentimos identificados de manera existencial, y, al mismo tiempo, la defensa de los derechos humanos, y entre ellos, los derechos sociales, son también uno de los pilares fundamentales de nuestras relaciones exteriores”, declaró Fernando Valenzuela durante la inauguración del encuentro, que será clausurado hoy por el representante permanente de España ante el Consejo de Europa, Manuel Montobbio.
Por ello, prosiguió, «el Gobierno español, en febrero de 2019, puso en marcha los procedimientos necesarios para la ratificación de la Carta Social Europea revisada, que esperamos que sea un hecho cuando la situación parlamentaria lo permita”. “Se trata de un documento esencial para asegurar los derechos sociales, un documento que España desea ratificar como muestra de su especial sensibilidad con los derechos sociales, tal y como indicó el presidente del Gobierno en su visita al Consejo de Europa”,aseguró Valenzuela.
El pasado 1 de febrero, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales la Carta Social Europea revisada, iniciando con ello el procedimiento para su ratificación. Sólo seis días más tarde, el 7 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró en Estrasburgo, ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el “compromiso” del Ejecutivo “con los principios de la Carta Social Europea”. No obstante, la disolución de las Cortes en marzo a causa de las elecciones anticipadas de abril y la más reciente disolución de las dos Cámaras por la celebración de nuevos comicios el 10 de noviembre han impedido la ratificación.
La Carta Social Europea fue aprobada en Turín en 1961 y ratificada por España en 1980, pero la Carta revisada, que permanece abierta a la firma desde 1996 (y que incluye un Protocolo de Reclamaciones Colectivas que permite denunciar a los Estados ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de sus compromisos) aún no ha sido ratificada por España a causa de “la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación española”, según Moncloa.
Al respecto, Magdalena Valerio aseguró en el mismo acto que el compromiso de España con la Carta es “absoluto”. “Este gobierno tiene la firme voluntad, una vez que se reactive el funcionamiento ordinario de las Cámaras, de ratificar lo antes posible la Carta Social Europea revisada y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, algo que la disolución anticipada de las Cortes el pasado mes de marzo y la situación de gobierno en funciones actual nos ha impedido realizar”, añadió.
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