The Diplomat in Spain

Enrique Miguel Sánchez Motos

Administrador Civil del Estado

Las próximas elecciones del 10 de noviembre van a exigir que los partidos se posicionen ante los temas clave para España. Cataluña es uno de ellos. Durante mucho tiempo ha sido considerado como un tema menor. Los dos partidos mayoritarios habían ido transfiriendo la gestión de competencias del Estado a la Generalitat para mantener un teórico clima de paz autonómica. Pero esto se ha acabado. Tras la consulta ilegal de 2012, el referéndum ilegal de 2017 y la subsiguiente Declaración Unilateral de Independencia, este tema ha manifestado su creciente gravedad.

La aplicación del 155, seguida de su irrisoria gestión, no ha valido para nada y tras la sentencia, discutida y discutible del Tribunal Supremo, en lugar de apaciguamiento se ha promovido un alzamiento más tumultuario y más violento que los anteriores.

La crisis independentista ha socavado la esencia de nuestra Constitución. La soberanía del pueblo español en su conjunto pretende ser sustituida por un inconstitucional “derecho a decidir” autonómico. Se pretende romper la “indisoluble unidad de la Nación española” que es el fundamento de la Constitución de 1978. El concepto de patria y de solidaridad interregional parece haber decaído.

Esta triste realidad y muchas otras que cabría citar resultan absolutamente esperpénticas en Europa, en la que las Constituciones son muy rotundas y excluyen la división territorial o la discriminación lingüística. ¿Alguien se imagina que se multara a alguien en Córcega por rotular su establecimiento en francés, o en Sicilia en italiano, o en Escocia en inglés? No seamos ridículos.

En la Cataluña de 1980, el voto catalanista (nunca entonces independentista) representaba el 29,5% del voto. Hoy casi el 50%. ¿Qué se ha hecho mal? Cierto que muchos españoles fueron retornando a sus ciudades de origen y otros no desean instalarse en esta querida región. Pero no es esa la causa principal. El factor más influyente ha sido el adoctrinamiento, por vía especialmente de la educación y la sanidad, así como los medios públicos de comunicación, bien regados con dinero público.

No bastará ahora la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional ni el estado de excepción del art. 116. Es necesario retomar las competencias exclusivas del Estado y gestionarlas de forma coordinada, leal y solidaria. Para ello, el artículo 155 permite tomar la gestión inmediata de las consejerías de la Generalitat, y de instituciones como el Diplocat, la TV3 y otros medios que se financian con dinero público.

Por otra parte, habrá que cambiar las leyes, mediante el uso de la potestad armonizadora del Estado, art. 150.3 de la Constitución. Así, temas claves (educación, lengua, sanidad, unidad de mercado, etc.), que son competencia constitucional del Estado, podrán y deberán ser regulados de forma armoniosa, objetiva y solidaria. Hay años de trabajo por delante, para ir desmontando las falacias que han creado el independentismo y sus instituciones culturales.

Además, hay que sacar a relucir las subvenciones que se han dado y si han sido justificadas; ver la lista de los directores que entregaron las llaves de sus colegios para el referéndum ilegal del 1-O; y desde la Consejería de Economía controlar el gasto y cortar el grifo de todos los chiringuitos independentistas.

Con estas y otras medidas hay que reconstruir un clima de cooperación y trabajo, que es el que hace de Cataluña una región hermana modelo en muchas cosas.

Por supuesto habrá que hacer gestos cargados de significado. Que la bandera española y catalana ondeen juntas en todos los edificios oficiales de acuerdo con la ley de banderas. Indemnizar a quienes pagaron multas por rotular en español castellano o que sufrieron marginación por no ser independentistas.

Y muchos otros gestos de hermanamiento y de diálogo real, dentro de la Constitución que tenemos. Eso sí, dando por cerrada cualquier vía que pretenda acabar con ella o eliminar sus pilares fundamentales.

La creatividad de los partidos políticos debe presentar propuestas concretas y firmes, en sus programas para las próximas elecciones generales. Las elecciones generales del 10-N pueden ser determinantes para el futuro de España.

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