Exteriores pide por primera vez a la Justicia que frene la apertura de ‘embajadas’ catalanas

The Diplomat El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reclamado, por vez primera, a la Justicia española que frene la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero, por considerar que constituyen un claro instrumento al servicio de la política secesionista destinada a logar la separación de España. En un recurso interpuesto, a través de la Abogacía del Estado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ministerio solicita que, como medida cautelar, impida la apertura de delegaciones de la Generalitat, popularmente conocidas como ‘embajadas catalanas’, en Argentina, Túnez y México. El martes pasado, la Generalitat nombró a los delegados de estas oficinas, a pesar de que Exteriores había recurrido los decretos de creación de las mismas, aprobados antes de que el Ministerio emitiera el informe preceptivo. Por ello, Exteriores, pide, por primera vez, que se adopten medidas cautelares para "evitar perjuicios de difícil o imposible reparación a la imagen de España y a la política exterior española". En un escrito al que tuvo acceso Europa Press se indica que, de no adaptarse esa medida cautelar, se permitiría que las nuevas oficinas "sigan la ruta ya marcada y exhaustivamente ejecutada" por las actuales delegaciones para la "realización continua de actuaciones contrarias al interés general". La Abogacía del Estado argumenta que la creación de las delegaciones no puede analizarse solo desde el punto de vista "formal o literal", sino que debe "encuadrarse en las actuaciones" de la Generalitat en los últimos meses y años. Estas actuaciones, dice, demuestran que la creación de esta red exterior pretende dotar a la Generalitat de un "sujeto de Derecho Internacional" y que está "subordinada al objetivo secesionista". Según el escrito de Exteriores, que repasa las actuaciones contrarias al interés de España por parte de algunos de los delegados de las oficinas de Cataluña, estas son "herramientas necesarias" para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la "separación de España". Estas oficinas, alega, no pretenden la "legítima proyección exterior" de Cataluña, sino "un fin inconstitucional como es la creación de una 'estructura de Estado' al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista". Para el Ministerio, esa red exterior, de la que forman parte ya trece delegaciones, puede crear confusión en otros países transmitiendo la idea de que Cataluña tiene, en el ámbito constitucional interno español, "un estatuto jurídico privilegiado en materia de acción exterior" distinta a la de otras comunidades autónomas y cercana a la de un sujeto de Derecho Internacional, "cuando es evidente que no es el caso".

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