Foto: OCU
Según informó ayer el Gobierno, el Tribunal tomó esta decisión después de que la Comisión Europea desistiera de su demanda tras la entrada en vigor, el pasado 16 de junio, de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y completarse, por tanto, la transposición de la directiva. De este modo, España se libra de forma definitiva de una sanción que podría haber ascendido a casi 80 millones de euros, precisó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La directiva comunitaria debería haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español antes del 21 de marzo de 2016. Pasada la fecha, y remitidos los avisos correspondientes sin que se produjeran avances significativos, la Comisión Europea presentó el 28 de abril de 2017 una demanda contra España ante el TJUE.
Según el Ejecutivo, el Gobierno, “nada más tomar posesión en junio de 2018”, fijó como “una de sus prioridades la transposición de esta directiva y de otras que acumulaban también gran retraso”, tras lo cual el Ministerio de Economía y Empresa trasladó “inmediatamente” sus propuestas al Congreso de los Diputados. El resultado, según el Gobierno, fue “un amplio acuerdo parlamentario que aumenta la protección y garantiza los derechos de los clientes, al tiempo que refuerza la seguridad jurídica y la transparencia del sector”.
El pasado mes de mayo, el Consejo General de Economistas advirtió en un informe de que España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y concentra el 70% de las sanciones por estos retrasos. El propio Gobierno reconoció el pasado mes de marzo que debía transponer al menos 18 directivas aprobadas por la UE entre 2015 y 2018 y cuyo plazo de vencimiento estaba comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
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