Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador Civil del Estado
La política en España, tal vez también en otros países, adolece de ceguera en cuanto a su finalidad. Algunos dirán que la política tiene como meta llegar al poder y que no es ciega sino ambiciosa. Pero ¿es eso todo lo que cabe esperar? En 1978, casi el 90% de los votantes dimos el sí, en referéndum, a la Constitución, incluido el Estado de las Autonomías. Con ciertos temores respecto a futuros conflictos territoriales, que ya se habían manifestado en la Segunda República, pero la aprobamos en aquellas fechas en las que el terror de ETA campaba por sus respetos por España. El Estado de las autonomías se desarrolló y aportó cosas buenas, como descentralizar el poder local, y malas, como el crecimiento excesivo de la administración y de los cargos políticos. Sin embargo, hubo autonomías, sensiblemente la catalana y la vasca, que empezaron a utilizar su poder de forma espuria, anteponiendo su interés al general.
En 1993, Felipe González perdió la mayoría absoluta y tuvo que comprar los apoyos, catalanes y vascos, para ser investido. En 1996, Aznar también tuvo que comprarlos y pagó un precio muy superior al de González. Esos chantajes se podrían haber evitado fácilmente. Hubiese bastado con un pacto PSOE-PP, que excluyese tomar en consideración, en la investidura del Presidente, a los diputados nacionalistas. Pero no se hizo así y, tanto el gobierno de la nación como los autonómicos y locales, siguieron haciendo concesiones a los nacionalistas.
Lo contrario sucede en la vecina Francia, donde ondea, casi de forma absoluta, la bandera nacional tricolor, tanto en el llamado Euskadi Norte “las provincias del norte” como en la Occitania “catalana”. Hoy, España parece un barco a la deriva, que se acerca peligrosamente a unos arrecifes, cada vez más sólidos y agresivos.
Los partidos españoles deben entender esto y considerarlo el problema actual más grave de nuestra nación. El primero que hay que enfrentar. Sin embargo, hasta ahora, los partidos constitucionalistas no han querido formar gobiernos de coalición, ni tampoco tolerar el gobierno en minoría del partido ganador. Si se tuviera visión de Estado, los acuerdos en torno a este tema facilitarían también la gobernabilidad en los niveles autonómicos y locales. La realidad es que, ante el separatismo disgregador, quedan difuminados, como problemas menores, la economía y el resto de temas políticos.
Frente a la visión de Estado parece primar la táctica de desgaste. Los partidos la aplican a quienes consideran sus adversarios, sea por la derecha o por la izquierda. Desgastar a Sánchez es una opción táctica pero absurda porque, quien gobernó con 84 diputados, con el apoyo de comunistas e independentistas, gobernará con 123 con esos mismos apoyos. Salvo que opte, si los vientos le son favorables, por nuevas elecciones generales.
Por ello, es incompresible que ni PP, ni Cs ni Vox se hayan ofrecido a facilitar la investidura de Sánchez con la contrapartida de, al menos, no hacer concesiones al independentismo y no indultar a los posibles condenados por el procés. Cs y PP se están encerrando en una política de desgaste absurda y sin salida. Vox está perdiendo la oportunidad de ser el primero en mostrar cintura política. Debería ofrecer a Sánchez el apoyo de sus 24 diputados, para facilitar su investidura con las condiciones antes citadas. Si no las acepta que cargue con la responsabilidad, pero no aparezcáis como políticos carentes de visión de Estado. Abramos los ojos. Renunciemos a las tácticas de desgaste. Tengamos visión de Estado.
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