El anterior asesor jurídico de Exteriores entra en el Tribunal General de la UE

The Diplomat El que fuera asesor jurídico internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy, José Martín y Pérez de Nanclares, ha sido confirmado como nuevo juez del Tribunal General de la UE, al igual que el otro candidato del Ejecutivo español, el abogado del Estado Miguel Sampol. Según publica el Boletín Oficial de la UE, el Comité 255, el órgano encargado de evaluar a los candidatos a jueces y abogados del Tribunal de Luxemburgo, ha confirmado la idoneidad de Sampol y de Martín y Pérez de Nanclares, cuyos mandatos se extenderán del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2025. Los dos nuevos jueces sustituirán a los dos representantes de España cuyos mandatos concluirán el 31 de agosto, Ignacio Ulloa Rubio y Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Miguel Sampol es abogado del Estado-jefe en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras que José Martín y Pérez de Nanclares fue jefe dela Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre 2012 y 2018, tras lo cual ejerció como jefe de gabinete de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega. En enero de 2018, Martín y Pérez de Nanclares fue propuesto como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sustitución de Luis López Guerra, pero finalmente quedó en segunda posición, por delante del candidato favorito del Gobierno de Mariano Rajoy y expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y por detrás de María Elósegui, cuyo nombramiento generó duras críticas del PSOE, entonces en la oposición, que la calificó de “integrista y homófoba”. El Tribunal General (anteriormente denominado Tribunal de Primera Instancia) es uno de los dos órganos que constituyen Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, y está compuesto por al menos un juez por cada Estado miembro. Los jueces son nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta al Comité 255, encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos. Su mandato es de seis años con posibilidad de renovación. El Tribunal General se encarga de resolver los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales.

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