<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español se ha dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para reclamar “la invalidación” de los miembros del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que emitieron un informe favorable a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, encausados por el <em>procés</em>.</strong></h4> El informe, según declaró ayer a la prensa <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell</strong>, no fue más que “una cortina de humo de los medios independentistas" para “ocultar la importancia” de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que emitió una “decisión rotunda y extraordinariamente bien argumentada” para avalar la decisión del Tribunal Constitucional de suspender del pleno del <em>Parlament</em> del 7 de octubre de 2017 en el que se aprobó la declaración unilateral de independencia. “Pido, por favor, que <strong>no se confunda una sentencia de importancia extraordinaria como la del TEDH con la opinión de un grupo de trabajo</strong>”, advirtió el ministro durante una rueda de prensa conjunta en Madrid con su homólogo libanés, Gebran Bassil. “Son dos ligas diferentes para cuestiones de diferente magnitud y trascendencia y no pueden situarse al mismo nivel", añadió. Según Borrell, el Gobierno se ha dirigido a Bachelet -por teléfono, por notas verbales y a través de una carta del propio ministro- para expresarle su queja por “la forma en que el informe se había canalizado” y, por tanto, por su filtración a los medios independentistas, lo cual permite suponer que, <strong>“probablemente”, hubo alguna “connivencia entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública".</strong> Aparte, el Gobierno ha informado a Bachelet de ciertas “anomalías” en el funcionamiento del grupo de trabajo –que no quiso precisar- que harían aconsejable que sus componentes quedaran <strong>“invalidados para sucesivos informes sobre la misma materia”</strong>, según indicaron a la prensa fuentes próximas al caso. En todo caso, Borrell quiso dejar bien claro ayer que <strong>España “apoya la labor de los llamados procedimientos especiales de la ONU de forma totalmente leal</strong>”, pero también defiende que actúen con “total transparencia” y con un sistema de “rendición de cuentas y de control que garanticen que no puedan ser objeto de manipulación", incluyente la absoluta "claridad" tanto en sus gestiones como en la difusión de conclusiones.
