The Diplomat in Spain

Eduardo González

España debería saber compatibilizar la defensa de los intereses de sus empresas en África con la mejora del medio ambiente, la seguridad, la democracia y los derechos humanos en el continente vecino, pero para ello se necesitaría un Plan África “menos reactivo” y más dotado de medios financieros.

Éstas son algunas de las conclusiones de los autores del Informe África 2019 Dinámicas transfronterizas en un contexto globalizado, un completísimo estudio de la Fundación Alternativas coordinado por dos expertas del Think Tank, Elsa Aimé e Itxaso Domínguez, y presentado públicamente ayer en Madrid. “Es la primera vez que Alternativas hace un informe sobre África y esperamos hacerlo todos los años”, explicó durante el acto el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Diego López Garrido.

El pasado 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el III Plan África, un instrumento de la política exterior española que pretende compaginar la Agenda 2030 con la defensa “de los intereses españoles” y que aspira a dar “un mayor peso a la visión de África como oportunidad y no sólo como fuente de amenazas”. El Plan se basa en cinco países “ancla” (Nigeria, Sudáfrica, Etiopía, Angola y Senegal) y en cuatro grandes objetivos (Paz y Seguridad, Crecimiento, Empleo y Desarrollo, Fortalecimiento de Instituciones y Movilidad Ordenada) y su seguimiento se lleva a cabo a través de una Comisión Interministerial, una Mesa África formada por sociedad civil y empresas y, previsiblemente, una reunión anual de los embajadores de España en el continente.

El III Plan África representa “un cambio en la política exterior de España hacia el África Subsahariana”, pero “sigue siendo un plan muy reactivo”, explicó Elsa Aimé. “La política exterior hacia África sería mucho más fuerte si España fuera un emprendedor normativo capaz de ir contra corriente en temas como medio ambiente, migraciones, seguridad, explotación de hidrocarburos, materias primas, democracia y derechos humanos”, añadió. Por ello, añadió, “es importante que el Gobierno español tenga mayor coherencia en política exterior y sepa conciliar los intereses de sus empresas con los la defensa de los derechos humanos y la democracia”.

En el mismo sentido, Marta Iñiguez de Heredia, autora de un capítulo sobre el papel de la Unión Europea en África, advirtió de que España debería “tomar la iniciativa de mirar a África desde otro punto de vista, pero no lo hace”. “En Mali, Senegal o el Cuerno de África, España defiende los intereses de las empresas pesqueras y en República Democrática del Congo se negó a aprobar las sanciones al Gobierno por la represión de los movimientos sociales porque estaba en juego un contrato para una presa en el río Congo”, prosiguió. “España tiene que mirar por sus empresas, pero no hay incompatibilidad entre promover los intereses comerciales de las empresas españolas y apoyar los procesos democráticos”, advirtió.

Otro de los autores del informe, Jesús García-Luengos, lamentó que el Plan África es “excesivamente ambicioso” pero “no cuenta con dotación financiera, no está bien articulado y carece de mecanismos para evaluar los resultados”. “El Plan África es una clara oportunidad para que España se diferencie del resto, pero yo no veo cómo lo puede hacer sin medios y sin mecanismos de evaluación”, advirtió.