<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer que el Gobierno de Bélgica ha retirado la inmunidad diplomática a ocho funcionarias de la Embajada española en Bruselas después de “casi 40 años de servicio”.</strong></h4> <strong>Las funcionarias estaban </strong><strong>destinadas en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dependiente de la Embajada, y se encuentran a punto de jubilarse</strong>. Desde 1980 estaban acreditadas por la Dirección de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores belga como personal técnico y administrativo de la Embajada de España y con residencia no permanente. No obstante, según aseguró el sindicato en un <a href="https://www.csif.es/contenido/nacional/general/275405">comunicado</a>, <strong>el Gobierno belga, “sin previo aviso y contra el criterio que había seguido desde 1980”, ha decidido no renovarles la Tarjeta de Identidad Especial (TIE)</strong>, por considerar que las ocho funcionarias llevan demasiado tiempo viviendo de manera permanente en el país y, por lo tanto, ya no tienen la consideración de personal diplomático sino la de meras empleadas administrativas. El hecho de que no se les renueve la TIE, según CSIF, les obligará a pagar sus impuestos en Bélgica (hasta ahora lo hacían en España), con la consiguiente “importante pérdida de poder adquisitivo”, y les privará de la inviolabilidad diplomática, tanto en su persona como en sus domicilios. Por todo ello, la central sindical ha pedido al Ministerio de Trabajo que actúe para “defender con urgencia los derechos de estas funcionarias de carrera”, ya que la decisión del Gobierno belga contraviene una práctica realizada desde hace décadas e incluso la <strong>propia Convención</strong> <strong>de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.</strong> Según figura en un escrito de respuesta remitido a CSIF, el <strong>Ministerio de Trabajo</strong> ha pedido a Bélgica una “solución razonable” para este asunto y que extienda la acreditación de estas funcionarias por “un número limitado de años”, al tiempo que ha recordado a la Administración belga que, “desde 2015, la permanencia del personal español desplazado en el exterior se ha limitado a un máximo de cinco años”. Aparte, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a trasladar toda la información correspondiente al <strong>Ministerio de Asuntos Exteriores</strong>, que es el competente para la interlocución con Bélgica, para que haga “cuanto esté a su alcance para buscar una solución satisfactoria para este personal”, concluyó el sindicato. El Ministerio de Exteriores todavía no se ha pronunciado sobre este caso.
