<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El <a href="https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2019/05/Programa-Europeas-2019_web.pdf">programa de Vox</a> de cara a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo defiende “una Europa fuerte que respete la idiosincrasia nacional de cada Estado” y se opone expresamente la creación de “unos Estados Unidos de Europa”.</strong></h4> <strong> </strong> El programa, hecho público por <strong>su cabeza de lista, Jorge Buxadé</strong>, reclama una <strong>“reforma sustancial” </strong>del Tratado de Lisboa y del Tratado de Funcionamiento de la Unión y exige <strong>“la adopción de un nuevo tratado europeo que garantice el poder soberano de los Estados” </strong>y que incluya <strong>“la posibilidad de una Europa de diferentes velocidades donde los Estados que no quieran seguir la integración europea sean respetados y en ningún caso forzados a ello contra su libertad”.</strong> <strong> </strong> En este mismo sentido, Vox pide que los Tratados<strong> “recuperen la figura del veto y la exigencia de unanimidad como mecanismo principal de integración” </strong>y que en los acuerdos aprobados por mayoría “<strong>se reconozca a los Estados su poder soberano de excluir los efectos del acto legislativo comunitario”. </strong>La formación de Buxadé pide también que se blinden las competencias fiscales de los Estados y se bloquee<strong> “cualquier intento de armonización fiscal </strong>que vulnere la voluntad de un país de bajar o subir sus impuestos”. <h5><strong>Sanciones a Bélgica y Alemania</strong></h5> El partido liderado por Santiago Abascal pedirá la derogación o reforma de la cláusula del “respeto a los valores democráticos” del artículo 7 del Tratado de Lisboa a fin de <strong>“impedir la injerencia de Bruselas en la Constitución política y las decisiones democráticas de los Estados”.</strong> En cambio, la candidatura de Buxadé sí defiende “la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea a fin de obtener "<strong>una sanción suficiente, adecuada y proporcionada al Reino de Bélgica y a la República Alemana por su actuación contraria a los valores de la Unión y los graves perjuicios producidos a España</strong>” en relación con la crisis independentista en Cataluña. <h5><strong>El ejemplo del <em>Brexit </em>y “el derecho a dejar la UE”</strong></h5> Por otra parte, Vox asegura que “<strong>la salida del Reino Unido de la Unión, más allá de las apreciaciones más o menos subjetivas sobre sus causas, efectos y consecuencias, es la expresión genuina del espíritu que ha animado el proceso de integración europea desde sus inicios</strong>: la libertad de sus miembros”. Por ello propone la reforma del Tratado<strong> “a fin de blindar el artículo 50 TUE que reconoce el derecho de cualquier Estado a decidir dejar la Unión Europea”</strong>. El programa de Vox rechaza también la entrada de la UE de los Estados que “directa o indirectamente asumen los postulados políticos del Islam”, con mención expresa a Turquía, pide que se reformulen y redefinan<strong> “las relaciones existentes con los países islámicos, de Oriente Medio y el Magreb”</strong> y reclama <strong>“la exclusividad de los Estados en lo que se refiere a relaciones internacionales”</strong>, al tiempo que se compromete a llevar al Parlamento Europeo “la exigencia de España de <strong>intensificar y aplicar con determinación acciones diplomáticas concretas y serias para la devolución de Gibraltar</strong>” Vox exige también una “<strong>reforma completa de la política inmigratoria y de asilo de la UE” </strong>para que cada Estado “<strong>decida libremente la manera de ayudar a las personas que realmente se encuentren en situación de necesidad</strong>”, al tiempo que se opone <strong>“frontalmente" a cualquier intento de imponer "cuotas obligatorias" de asilo "desde Bruselas”.</strong> En materia penal y judicial, Vox instará a la Comisión Europea a que promueva una directiva que incluya, de <strong>manera explícita, el delito de “rebelión y sedición”</strong> y sus equivalentes en los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros”.
