Eduardo González
España tarda demasiado tiempo en transponer las directivas europeas, lo cual se traduce no solo en la apertura de procedimientos sancionadores por parte de la UE, sino en periodos de incertidumbre e inseguridad jurídica que afectan a empresas e inversores y en un menoscabo de la credibilidad política del país.
Así se desprende del informe La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españoles, elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas con motivo del Día de Europa para analizar el grado de europeización que afecta directamente tanto a los ciudadanos como a las empresas en España.
De acuerdo con este documento, en 2018 y 2019 se ha incrementado el número de Reales Decretos Leyes aprobados por el Gobierno para transponer de forma urgente directivas europeas pendientes. Concretamente, en 2018 se aprobaron doce Reales Decretos derivados de directivas europeas o relacionadas con las mismas, lo que supone un 43% del total, y en 2019 se sacaron adelante diez Reales Decretos Leyes, siete de ellos derivados de directivas europeas, el 70% del total.
Pese a ello, tal como reconoció recientemente el Gobierno, España deberá transponer al menos 18 directivas aprobadas por la UE entre 2015 y 2018 y cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Aparte, en 2018 se transpusieron 54 directivas al Derecho español, 21 de las cuales se encontraban ya fuera de plazo y cuatro ya han sido denunciadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que podría conllevar, en total, más de 340.000 euros de multa por cada día de retraso.
De acuerdo con el informe del Consejo General de Economistas, España tarde de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y concentra el 70% de las sanciones por estos retrasos.
Este retraso, según el documento, “no sólo es negativo por las multas que la UE puede terminar imponiendo a España, sino también por todos esos periodos de inseguridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo de incertidumbre”. Asimismo, “el incumplimiento de estas obligaciones tiene para los Estados miembros consecuencias negativas que comprometen su credibilidad política”.
