<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> Apenas el 6% de los poco más de dos millones de españoles con derecho a voto residentes en el exterior pudo participar en las elecciones generales del pasado 28 de abril. La causa de tan baja participación está relacionada, una vez más, con uno de los grandes deseos incumplidos de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores: <strong>la supresión del voto rogado.</strong> Según indicaron fuentes diplomáticas a <em>The Diplomat</em>, la falta de avances en este tema se ha convertido en una de las mayores decepciones de ministro. El voto rogado fue introducido en 2011 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV y, desde entonces, se ha traducido en un brusco descenso en la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). A modo de ejemplo, la participación en las elecciones europeas de los españoles censados en el exterior pasó del 13,4% en 2009 a apenas el 4,5% en 2014. El pasado 19 de febrero, Josep Borrell lamentó en el Senado que no se hubiera podido suprimir el voto rogado antes de las elecciones generales ni de las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, a pesar de que, apenas diez días antes, el Grupo Socialista y el Grupo Confederal Unidos Podemos habían presentado una <strong>propuesta de ley</strong> con este fin en el Congreso de los Diputados. “Lamento que no se hubiera alcanzado un acuerdo de todos los grupos de la Cámara, en particular de la oposición del Partido Popular, que ha hecho que esta reforma no se pudiera tramitar en tiempo y forma”, añadió. Lo cierto es que, con acuerdo o sin él, el adelantamiento de las elecciones generales dio al traste con cualquier posibilidad de cambiar la Ley Electoral antes de la campaña del 26 de mayo. Las organizaciones representativas de los emigrantes españoles han reclamado una y otra vez al <strong>presidente del Gobierno, Pedro Sánchez</strong>, que cumpla su compromiso de suprimir el voto rogado, a ser posible sin esperar al término de la nueva legislatura surgida de las elecciones del 28 de abril.