<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno expresó ayer su “tajante rechazo” a la decisión de Estados Unidos de levantar la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton en Cuba y aseguró que "respaldará absolutamente" a las empresas españolas que se puedan ver afectadas por esta medida.</strong></h4> Desde su aprobación en 1996, el título tercero de la ley ha permanecido suspendido por los sucesivos Gobiernos norteamericanos, de manera ininterrumpida y por períodos renovables de seis meses, en virtud un acuerdo entre la UE y EEUU de 1998. No obstante, la Administración de Donald Trump decidió el pasado día 17 de enero renovar la suspensión por un periodo de sólo 45 días y el 4 de marzo decidió una nueva renovación que concluyó precisamente ayer. Finalmente, <strong>el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo</strong>, anunció ayer que el Gobierno ha decidido levantar la suspensión. Por ese motivo, el próximo 1 de mayo entrará en vigor el título tercero de la ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos de Estados Unidos presentar demandas en su propio país contra las confiscaciones o nacionalizaciones de sus propiedades en Cuba. A efectos prácticos, la entrada en vigor de esta parte de la ley permitirá denunciar ante los tribunales norteamericanos a las empresas extranjeras –fundamentalmente europeas y canadienses- que utilicen instalaciones o bienes nacionalizados tras la revolución castrista. "El Gobierno de España va a respaldar absolutamente a las empresas españolas en Cuba, y entendemos que la UE va a respaldar, junto a España, a esas empresas que tienen sus actividades comerciales, legítimas y bien organizadas en Cuba y en otros países", declaró ayer <strong>la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá</strong>, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por su parte, <strong>el Ministerio de Asuntos Exteriores</strong> declaró ayer que la aplicación del título tercero no contribuye al “objetivo común de seguir promoviendo la democracia, la apertura política y los derechos humanos en Cuba” y advirtió de que “<strong>disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la Isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana</strong>”. “La aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional y dará lugar a una espiral de demandas y contrademandas que enturbiarán la relación económica transatlántica sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno, ni para los demandantes estadounidenses ni para la población cubana en su conjunto”, prosiguió. <h5><strong>España y la UE podrían recurrir a la OMC</strong></h5> Según Exteriores, <strong>“España trabaja activamente junto con la Comisión Europea, el resto de Estados miembros de la UE y otros socios internacionales en la adopción de todas las medidas oportunas en foros multilaterales que permitan defender nuestros intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba”</strong>. En particular,” la UE baraja distintas opciones con el fin de proteger sus intereses, tanto en el marco de la <strong>Organización Mundial de Comercio</strong> como por medio del Estatuto de Bloqueo de la UE”. “España desea reiterar su compromiso transatlántico y su responsabilidad con el avance de la apertura, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba”, al tiempo que “reivindica la labor de la Unión Europea, cuyo impacto en el proceso de democratización cubano ha sido más acusado cuando se han aunado esfuerzos con los Estados Unidos y otros socios internacionales”, continúa el comunicado. <strong>“El Gobierno de España expresa su tajante rechazo a esta decisión de la Administración estadounidense, y le invita a seguir trabajando conjuntamente con España y con la Unión Europea en favor de la reforma política y democrática en Cuba”</strong>, concluye.
