<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España ha realizado una contribución de cinco millones de dólares (4,4 millones de euros) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar las actividades que lleva a cabo esta entidad ante el incremento de las migraciones transfronterizas en América Latina y el Caribe.</strong></h4> Así lo anunció ayer <strong>la ministra de Economía y Empresa,</strong> <strong>Nadia Calviño</strong>, durante la conferencia <em>Migración y Ciudades: El Camino hacia una Integración Inclusiva</em>, organizada por la Plataforma sobre Migraciones y Desplazamiento Forzoso de Bancos Multilaterales de Desarrollo (liderados por el BID, el Banco Europeo de Inversiones, BEI; el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD; y el Banco Mundial) y que tuvo lugar en el Espacio de la <strong>Fundación Telefónica</strong>, en Madrid . Según Calviño, las migraciones han contribuido a “sacar a muchas personas de la pobreza” y, por tanto, a mejorar la actividad económica, pero también han contribuido a descapitalizar a los países de origen y a generar problemas económicos y sociales en los países de destino. Por ello, advirtió, es necesario hacer “una gestión eficiente” a fin de que “estos flujos redunden en prosperidad para los propios emigrantes, para los países de origen y para los países de acogida”. El objetivo de la <strong>aportación española </strong>al Fondo Técnico del BID es ayudar a mejorar los mecanismos de registro y documentación de migrantes, contribuir al fortalecimiento institucional de los Estados en materia migratoria y garantizar el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento, gestión de residuos sólidos, educación, salud y empleo. En el mismo acto, <strong>la alcaldesa de Madrid,</strong> <strong>Manuela Carmena</strong>, reclamó una “nueva ley que delimite las competencias de todas las administraciones” implicadas en el fenómeno migratorio, y <strong>la secretaria de Estado de Migraciones, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Consuelo Rumí</strong>, aseguró que, según las estimaciones, el mercado de trabajo español “necesitará 270.000 inmigrantes netos anuales hasta el 2050". Por su parte, <strong>el presidente del BID, Luis Alberto Moreno</strong>, advirtió sobre la gravedad de la crisis migratoria de Venezuela y aseguró que este país ya ha generado “más de tres millones de emigrantes y se calcula que a finales de año serán más de cinco millones”. Según ACNUR y OIM, el éxodo de venezolanos ya se ha convertido en el mayor movimiento de personas que ha conocido América Latina y el Caribe en su historia. El acto fue cerrado por <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell</strong>, quien abogó por una colaboración internacional en materia migratoria que combine "ambición con realismo" y que contribuya a generar una inmigración “ordenada y regulada” que ayude a "encontrar puntos de equilibrio entre nuestras necesidades y nuestra capacidad de integración". Asimismo, defendió la necesidad de desarrollar una "enorme pedagogía política" que permita superar la tendencia de "determinados planteamientos políticos” a aprovechar el temor al inmigrante y que se base en el mensaje de que la "sociedad envejece y no hay una solución fácil para el bache demográfico". España y Alemania necesitan "renovar sus poblaciones", lo cual "no es fácil solo con la reproducción", añadió Borrell, quien precisó, al respecto, que el 12% de la población española es de origen inmigrante y que la facilidad con que se han integrado en España los colectivos latinoamericanos y del este de Europa ha ayudado a superar el envejecimiento de la población de una forma más eficaz que en otros países, como Reino Unido, Francia o Alemania.
