<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>E</strong><strong>spaña deberá transponer al menos 18 directivas europeas cuyo plazo de vencimiento está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, según informó el Gobierno, días después de reconocer que podría enfrentarse a multas millonarias por retrasos desde 2014.</strong></h4> Según informó el Ejecutivo en una <a href="http://www.congreso.es/l12p/e12/e_0129397_n_000.pdf">respuesta parlamentaria</a> a principios de este mes, España debería transponer este mismo año un total de <strong>18 directivas aprobadas por la UE entre 2015 y 2018</strong>, relativas a materias tan variadas como los fondos de pensiones de empleo, la seguridad ferroviaria, la resolución de litigios fiscales en la UE, el transporte terrestre de mercancías peligrosas, la lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, el riesgo medioambiental de los organismos modificados genéticamente, el convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT, la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados miembros. Por otra parte, el Gobierno admitió a finales de febrero, <a href="http://www.congreso.es/l12p/e12/e_0128646_n_000.pdf">en otra respuesta parlamentaria</a>, que España podría enfrentarse a <strong>multas millonarias por el retraso en la transposición de cuatro directivas europeas de 2014 </strong>que debían haber entrado en vigor en nuestro país hace tres años. A lo largo de 2018 se transpusieron al Derecho español 54 directivas. Aparte, de las 53 directivas pendientes, 21 se encuentran ya fuera de plazo y cuatro de ellas han sido denunciadas por la Comisión Europea ante al Tribunal de Justicia de la UE. Las cuatro directivas denunciadas por la UE se refieren a la adjudicación de contratos de concesión (para la cual la Comisión ha propuesto una multa coercitiva de casi 62.000 euros por día de retraso), la contratación por entidades que operan en los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales (casi 124.000 euros), los contratos de crédito sobre bienes inmuebles de uso residencial (casi 106.000 euros) y las cuentas de pago básicas (casi 49.000 euros de multa por día de retraso). Según el Gobierno, <strong>los motivos de la no transposición</strong> se deben, “en general y fundamentalmente”, a la necesidad de consultar a sectores y de recabar informes de numerosas instituciones y organizaciones, a la complejidad de la materia, a la sensibilidad política y social, a los intereses económicos, a eventuales retrasos en la tramitación parlamentaria y a que “en la primera parte de esta legislatura la existencia de un Gobierno en funciones se prolongó durante un período de tiempo considerable”.
