<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Cámara de Comercio de España reclama a la Unión Europea una postura común para actuar contra el endurecimiento de la aplicación de la Ley Helms-Burton, que implicaría graves riesgos para las empresas españolas con inversiones en Cuba.</strong></h4> Una nota de la Cámara de Comercio de España señala que han hecho llegar su “profunda preocupación” por las consecuencias que para las empresas españolas que han realizado inversiones en la isla cumpliendo escrupulosamente las legislaciones cubana, española, europea e internacional, tendría que se llevara a cabo el anuncio hecho en enero por la Administración Trump de que podría aplicar de una manera más estricta la Helms-Burton. Aprobada en 1996, la ley Helms-Burton prevé sanciones para los países que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba. En concreto, el Título Tercero admite la posibilidad de llevar a cabo reclamaciones ante los tribunales estadounidenses de las que podría derivarse la confiscación de propiedades en Estados Unidos de las empresas con operaciones en Cuba, entre las que se encuentran muchas compañías españolas. El pasado mes de enero, el Gobierno estadounidense cambió el criterio mantenido en los últimos 20 años sobre los plazos de suspensión de la aplicación del mencionado Título Tercero de la Ley, lo que implica la posibilidad real de su aplicación a partir del 17 de abril. La Cámara de Comercio agradece las gestiones realizadas por el Ejecutivo español en la Unión Europea a la que pide que responda “de manera proporcionada” a Washington para evitar la aplicación de la citada ley de manera extraterritorial a ciudadanos y empresas europeas, entre ellas las españolas, especialmente las del sector hotelero. Entre las acciones que podrían llevarse a cabo, la Cámara de Comercio de España, señala la aplicación del artículo 6 del Blocking Statute de la Unión Europea que permite a los Estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio de la Unión Europea en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas con intereses en Cuba.
