The Diplomat
El Gobierno español expresó ayer su “profunda preocupación” por la condena a 38 años de cárcel y 148 latigazos dictada en Irán contra la abogada pro Derechos Humanos Nasrín Sotudé, que se encuentra detenida acusada de conspirar contra la seguridad nacional.
Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que “la promoción de la legítima actividad de los Defensores de Derechos Humanos y su protección constituye una de las prioridades de la política exterior del Gobierno de España en materia de Derechos Humanos”. “Para el ejercicio de esa actividad -añade- resulta esencial la garantía de las libertades de expresión y manifestación, consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Irán es Estado parte”.
Finalmente, España hace un llamamiento a Irán con objeto de avanzar en la lucha contra la discriminación y en favor de los derechos de las mujeres y su participación efectiva en todos los ámbitos.
