Antonio Hualde
Abogado e investigador de la Fundación José Ortega y Gasset-
Resulta que el Reino Unido no podría decidir nada sobre Gibraltar sin un pacto previo con España, tras activarse el brexit. En efecto, Bruselas otorgaría a Madrid derecho de veto en cualquier acuerdo sobre el estatus del Peñón. Llevaba tiempo sin salir este tema, y ahora lo hace por donde menos se esperaba. Es ya una constante que cada gobierno español que llega muestre su voluntad de dar un nuevo impulso al contencioso, y que Downing Street se oponga. Porque nada nuevo hay bajo el sol; o había, al menos, hasta que llegó el brexit.
Todo arranca allá por 1713, fecha en la que se firma el Tratado de Utrech. En su artículo 10, que ponía fin a nuestra Guerra de Sucesión, se dice que “el Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen”. O lo que es lo mismo, la “Roca” y poco más.
Cualquiera que haya estado en Gibraltar se dará cuenta de que algo no cuadra. Porque, o son los siete kilómetros cuadrados más grandes del mundo, o aquí alguien ha tomado más de lo que le correspondía. Durante la primera mitad del siglo XIX, y a causa de una epidemia de fiebre amarilla, la Corona accedió por razones humanitarias a que los británicos edificasen una serie de campamentos “provisionales” en el istmo que media entre Gibraltar y La Línea. Suelo español. Ni que decir tiene que dicha “provisionalidad” aún perdura a día de hoy, y que la extensión de dichas edificaciones fue a más desde entonces. Como colofón, en 1938, durante la Guerra Civil, se construyo el actual aeropuerto, que se adentra más de medio kilómetro en aguas de la Bahía de Algeciras. Aguas españolas.
Gibraltar es hoy técnicamente un “Territorio Británico de Ultramar”; es decir, una antigua colonia que no llegó a independizarse del todo pero cuya territorialidad sigue bajo auspicios británicos. No pagan IVA, no forman parte de la UE y, en consonancia, la normativa comunitaria les da lo mismo. Viven de los réditos que les supone ser un paraíso fiscal, y de las actividades que contrabandistas y traficantes de drogas llevan a cabo impunemente desde el Peñón. Barcos mercantes de medio mundo acuden allí a limpiar sus bodegas -y, por ende, a contaminar las aguas españolas-, sin que las autoridades locales hagan nada al respecto.
Sus habitantes -los populares llanitos- son población importada hace dos siglos, ya que la autóctona fue desplazada a lo que hoy es San Roque. Su actitud está a caballo entre el desprecio a España y un cierto resquemor hacia Gran Bretaña por sentirse algo olvidados. Como español, una parte de mí reclama la españolidad de Gibraltar. Si fuera inglés, pensaría que la roca es británica en virtud de un tratado internacional firmado hace casi dos siglos. El rol de Madrid es reclamar Gibraltar y el de Londres, mirar hacia otro lado. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo. Hay prioridades más acuciantes.
© Todos los derechos reservados
