<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La sociedad pública española de construcción naval Navantia ha recibido hasta la fecha más de 1.224 millones de euros por la construcción de cuatro patrulleros de vigilancia de zona y otros cuatro de vigilancia costera contratados con el Gobierno de Venezuela.</strong></h4> En <a href="http://www.congreso.es/l12p/e12/e_0123616_n_000.pdf"><strong>respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular</strong></a>, el Gobierno precisó el pasado 30 de enero que el programa de Buques de Vigilancia de Litoral (BVL) y de Patrulleros Oceánicos (POV) para la Armada de Venezuela supuso la construcción y entrega en las factorías de Navantia de tres BVL y de cuatro POV en la Bahía de Cádiz. Aparte, se está construyendo un cuarto buque BVL en el astillero venezolano de Diques y Astilleros Nacionales CA (DIANCA), en el Estado de Carabobo, bajo supervisión y transferencia de tecnología de Navantia. Concretamente, se trata del patrullero <em>Comandante Eterno Hugo Chávez</em>, cuyo “grado actual de avance” es del 85%. “Estos programas de patrulleros, destinados a la Armada Venezolana y cuyos contratos se firmaron en el año 2005, han supuesto para Navantia unos cobros hasta la fecha de 1.224.220.100 euros”, añadió el Ejecutivo. Por las mismas fechas de la respuesta parlamentaria, el diario <a href="https://elpais.com/internacional/2019/01/28/actualidad/1548699378_893143.html"><strong><em>El País</em></strong></a> informó, citando fuentes diplomáticas, de que Navantia había decidido repatriar a los técnicos que supervisaban la puesta a punto del patrullero <em>GC-24</em> <em>Comandante Eterno Hugo Chávez</em> a causa del deterioro de la situación en Venezuela. El <em>Comandante Eterno Hugo Chávez</em> es el último de los ocho buques de guerra que fueron vendidos a Caracas el 28 de noviembre de 2005 por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por un valor de 1.246 millones de euros. Las operaciones de Navantia en Venezuela no se han visto afectadas por el embargo de armas impuesto por la UE el pasado mes de noviembre por tratarse de contratos ya en vigor. El contrato con Venezuela, recordó el rotativo madrileño, está siendo investigado por un juzgado de Madrid por el supuesto pago de una comisión del 3,5% (42 millones) a dos intermediarios venezolanos y a sus socios en España.
