<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España resolvió favorablemente solo una de cada cuatro solicitudes de asilo registradas en 2018, un porcentaje del 24% que está “muy por debajo de la media europea”, según denunció ayer la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).</strong></h4> Respecto a 2017, el número de solicitudes de asilo se incrementó un 73%, hasta las <strong>54.065 admitidas a trámite</strong>, una cantidad que, en todo caso, “apenas supone el 0,1% del total de la población”, según explicó <strong>la secretaria general de CEAR, Estrella Galán</strong>, durante la rueda de prensa de presentación del informe <a href="http://www.masquecifras.org/#glosario-refugiados"><em>Más que cifras</em></a>, que reúne los datos sobre el sistema de asilo en España en 2018. Pese a este incremento en el número de solicitudes, que hicieron de 2018 “un año récord” para España, <strong>las resoluciones favorables descendieron del 35 al 24%,</strong> una “tasa de admisión muy por debajo de los principales países europeos de acogida”. En otros países, las admisiones representaron el 65% en Bélgica, el 50% en Alemania, el 49% en Grecia e incluso el 36% en Italia. En Francia no pasaron del 27%. Concretamente, de las 11.875 resoluciones adoptadas el año pasado en España, 2.895 fueron favorables -de las cuales <strong>solo 575 permitieron obtener el estatuto de refugiado</strong>, menos del 5% de las peticiones resueltas- y 8.980 fueron desfavorables. “Por ello, quiero desmontar un discurso perverso de algunos representantes políticos según el cual el asilo es un coladero para miles y miles de personas”, prosiguió Galán. Al mismo tiempo, según la secretaria general de CEAR, <strong>el número de expedientes sin resolver alcanzó en 2018 la cifra de 78.710</strong>, con algunos casos que “tardan cerca de dos años en resolverse”. “Este atasco acumulado en los últimos años “pone en evidencia la “necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como su resolución dedicados al asilo”, advirtió. <h5><strong>Venezuela: la primera en peticiones, de las primeras en denegaciones</strong></h5> Por nacionalidades, el informe de CEAR revela que <strong>Venezuela volvió a ser en 2018 el primer país de origen de los solicitantes, con más de 19.000 peticiones</strong>, seguida de Colombia (8.650), Siria (2.775) y Honduras (2.410). Esta tendencia “no ha aumentado significativamente en los dos últimos meses” pese al deterioro de la situación, aunque las mayores cifras podrían estar “por venir”, explicó en el mismo acto <strong>la directora de Políticas y Campañas de CEAR, Paloma Favieres.</strong> Sin embargo, prosigue el estudio, <strong>los venezolanos figuran entre los ciudadanos extranjeros con un mayor porcentaje de peticiones de asilo denegadas</strong>, con 30 resoluciones favorables y 1.495 rechazadas (a la cabeza está Ucrania, con 2.625 denegaciones y solo 70 admisiones de 4.300 solicitudes). En este sentido, CEAR expresó su esperanza de que “se aplique la propuesta anunciada por el Gobierno de conceder el permiso por razones humanitarias a buena parte de estas personas actualmente en el limbo”, aunque “también debe ser aplicable a las provenientes de otros países que lo requieran”. <h5><strong>Nicaragua: solo cinco de 1.380</strong></h5> Otro caso significativo es el de <strong>Nicaragua</strong>. En 2018, sólo se resolvieron favorablemente cinco solicitudes de asilo de nicaragüenses, otras 20 fueron denegadas y 1.380 siguen pendientes de resolución. Éste es el caso de <strong>Jessica Cisneros</strong>, una activista nicaragüense que solicitó asilo en España en 2018 tras la represión de las protestas en su país y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sufrió "amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia" desde abril del año pasado. "Al principio no quería iniciar el proceso, pero si me obligaban a volver mi vida corría peligro”, explicó Cisneros durante el acto de CEAR. “Espero que se resuelva favorablemente y tenga la oportunidad de rehacer mi vida", prosiguió la activista, quien denunció que en su país existe “una represión brutal”. “Vivimos en un estado de terror y en un estado de sitio simplemente por protestar", prosiguió Cisneros. El Estado está cometiendo “crímenes de lesa humanidad”, con 500 asesinatos, más de 700 presos políticos, 75 mujeres encarceladas acusadas de terrorismo y víctimas de abusos sexuales, más de 50.000 exiliados y más de 15.000 desaparecidos. “La comunidad internacional está atenta, pero no tanto como nosotros quisiéramos”, lamentó.
