<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Tal como había adelantado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, el Consejo de Ministros presentó ayer los Planes de Contingencia para el caso de que se produzca una salida no pactada del Reino Unido de la Unión Europea, lo cual podría </strong><strong>ocurrir si el Parlamento británico rechaza el próximo 15 de enero el acuerdo respaldado por el Gobierno británico y refrendado por el Consejo Europeo.</strong></h4> <strong> </strong> "El Gobierno envía un clarísimo mensaje de calma, de certeza, porque está preparado para todos los escenarios, sea de retirada con acuerdo, que sería mucho más deseable, o de retirada sin acuerdo", declaró ayer <strong>la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá</strong>, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. <strong> </strong> Los Planes de Contingencia, según informó ayer el Consejo de Ministros, incluyen una serie de medidas legislativas concretadas en un <strong>Proyecto de Real Decreto-ley, cuya adopción se prevé para febrero y que abordará, entre otros, aspectos relativos a la ciudadanía, Seguridad Social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos académicos, sector financiero y aduanas.</strong> Asimismo, las medidas del Gobierno prevén <strong>medidas logísticas</strong> “dirigidas a la dotación de medios personales y materiales para afrontar una situación de salida sin acuerdo” y una labor de comunicación a los ciudadanos “cuya pieza central es <strong>una página web en el servidor de Presidencia del Gobierno</strong> que informa de manera directa sobre lo que deben hacer los ciudadanos y empresas para preparase ante los diferentes escenarios”. Según Celaá, la web se pondrá en marcha el próximo lunes. <h5><strong>Derechos de los ciudadanos</strong></h5> Uno de los puntos más importantes de los Planes de Contingencia se refiere a los derechos de los ciudadanos, ya que “la salida del Reino Unido implicará el fin de la libre circulación y trabajo de los ciudadanos españoles en el Reino Unido y británicos en España”. “La voluntad del Gobierno es la de preservar globalmente sus derechos por considerar que tomaron sus decisiones vitales creyendo en el proyecto europeo”, aseguró el Ejecutivo. Para ello, se habilitará un sistema por el <strong>que los ciudadanos británicos en España pasarán de ser ciudadanos de la UE a ser residentes legales en nuestro país, al tiempo que se adoptarán las medidas necesarias “para garantizar a españoles y británicos derechos, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, entre otros”.</strong> Las medidas del Ejecutivo incluyen el reconocimiento del <strong>sufragio activo y pasivo en elecciones municipales</strong> mediante un Acuerdo Bilateral específico según lo previsto en el artículo 13 de la Constitución española. <h5><strong>Relaciones comerciales</strong></h5> Por otra parte, los Planes de Contingencia advierten de que la retirada del Reino Unido sin un acuerdo supone la salida de este país de la Unión Aduanera y del Mercado Interior. Por ese motivo, Reino Unido pasará a comerciar con la UE en los términos fijados por la OMC y se le empezará a aplicar toda la legislación de la UE sobre mercancías importadas y exportadas hacia un tercer país, incluida la exacción de derechos e impuestos, aparte de que su consideración como un tercer Estado supone la aplicación de estrictas normas sanitarias y fitosanitarias. “Todo ello plantea necesidades logísticas específicas que están abordándose por los Ministerios correspondientes”, aseguró el Ejecutivo, sin más detalles. <strong>“La voluntad del Gobierno e instituciones europeas es la de facilitar el flujo de mercancías entre el Reino Unido y la UE en la medida de lo posible y deseable”</strong>, añadió el Consejo de Ministros, que precisó que se están impartiendo seminarios en todo el territorio nacional para que las empresas estén preparadas para el nuevo escenario y se prevé articular ayudas para facilitar dicha preparación. <h5><strong>Sectores económicos particularmente sensibles</strong></h5> Los Planes de Contingencia reconocen que el sector del <strong>transporte aéreo</strong> podría encontrarse en una situación crítica a causa del “enorme flujo de pasajeros entre España y el Reino Unido”, que fue de 45 millones de pasajeros y 18 millones de turistas en 2017. Según el Gobierno, la Comisión Europea ha previsto medidas de contingencia para preservar la conectividad aérea básica, que “actualmente son objeto de negociación”, y tanto la Comisión como el Gobierno “han informado a los operadores de la necesidad de adaptarse a un escenario de no acuerdo”. “España defiende una concepción ambiciosa de las medidas de contingencia en esta área porque el objetivo es el mantenimiento de la conectividad aérea”, aseguró el Ejecutivo. En cuanto a los <strong>servicios financieros</strong>, el Gobierno advierte de que la retirada de la UE dará lugar a la pérdida por parte de las entidades británicas del pasaporte necesario para prestar estos servicios en la UE de los 27. Dado el carácter crítico de este sector, la Comisión Europea ha propuesto determinadas medidas de contingencia que el Gobierno “complementará con medidas nacionales”. “Tanto la Comisión como el Gobierno han trasladado a los operadores del sector la necesidad de adaptarse en caso de no-acuerdo”, agregó. Otro “ámbito económico de gran sensibilidad en el que España tiene intereses específicos” es el de <strong>la agricultura y la pesca</strong>, afirma el Gobierno, que asegura que, “además de las medidas de preparación necesarias a nivel interno, España defenderá vigorosamente la necesidad de prever ayudas específicas para el sector a nivel comunitario así como la pertinencia de tener en cuenta esta nueva situación en el debate sobre el futuro de la PAC/PPC”. <h5><strong>Gibraltar</strong></h5> Los Planes de Contingencia incluyen un apartado específico a Gibraltar, que “constituye un caso particular en el ámbito de las medidas de contingencia” por tratarse de un territorio que “se beneficia de una aplicación selectiva de los Tratados de la UE (no participa en la Unión Aduanera, la PAC, la Política Pesquera Común o el territorio de aplicación armonizada del IVA)” y por existir una <strong>“reclamación de soberanía por parte de España, que el Gobierno mantiene en su integridad”.</strong> A respecto, el Gobierno recuerda que “Gibraltar ha quedado excluido del paquete de medidas presentadas por la Comisión el pasado 19 de diciembre” y asegura que las medidas de contingencia nacionales relacionadas con Gibraltar tendrán como principales objetivos la defensa de “<strong>los derechos de nuestros ciudadanos, incluido el derecho de nuestros trabajadores al cobro de pensiones y prestaciones de la seguridad social”</strong>, y la necesidad de <strong>“garantizar que el cese de la aplicación del Derecho de la UE no provoque conductas lesivas a los intereses de la UE y España, como el tráfico y el contrabando, o la evasión de impuestos u ocultación de beneficios”.</strong> Estos objetivos, según el Gobierno, están contemplados en los <strong>acuerdos bilaterales firmados entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar “y nuestra voluntad es que sigan en vigor con independencia del escenario que se produzca”</strong>. “En la eventualidad de una salida abrupta, su aplicación deberá ajustarse a esta circunstancia, constituyendo de hecho parte importante de las medidas de contingencia para Gibraltar”, advierte el Ejecutivo.
