<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Un tribunal de lo social ha anulado el despido de tres trabajadores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Malabo que habían participado en octubre de 2017 en la huelga general del personal del servicio exterior español.</strong></h4> Se trata de la segunda decisión de este tipo relacionada con aquellos hechos. En mayo de 2018, un tribunal revocó las sanciones de seis meses de <a href="https://thediplomatinspain.com/2018/05/un-tribunal-anula-las-sanciones-de-aecid-contra-empleados-en-malabo/"><strong>suspensión de empleo y sueldo impuestas por la AECID a otros dos empleados</strong></a> de su sede en la capital de Guinea Ecuatorial que también habían participado en la huelga. Tras esta sentencia, la comisión ejecutiva de FeSP-UGT Exterior anunció su intención de reclamar la nulidad de los despidos de otros tres trabajadores. Finalmente, según informó <a href="http://www.fespugt.es/areas/exterior/noticias/25269-ugt-logra-que-se-anule-el-despido-de-tres-trabajadores-de-la-aecid"><strong>el sindicato</strong></a>, un tribunal de lo social ha anulado los otros tres despidos y ha ordenado la readmisión en sus puestos y que se les abonen los salarios no percibidos desde la imposición de la sanción. Tanto en este caso como en el de los trabajadores suspendidos, el tribunal ha estimado que las sanciones habían sido desproporcionadas. Los cinco afectados son de nacionalidad ecuatoguineana y, según UGT, la AECID les había abierto expediente por “poner en riesgo la seguridad de la Embajada”. El sindicato vincula estos expedientes disciplinarios a su participación en la huelga, celebrada en numerosas embajadas, consulados y agencias del Estado en todo el mundo para protestar contra la congelación salarial que arrastra el personal exterior desde el año 2009. Según UGT, las condiciones laborales del personal laboral que trabaja para la administración española en el exterior “distan mucho de las que cualquier trabajador de esa misma administración tiene normalmente asignadas dentro de nuestro país”, con unos salarios “congelados desde 2009” y que, en numerosos casos, “no alcanzan los 300 euros al mes”. A ello se une, prosiguió, que el personal laboral “no tiene derecho a elegir a sus representantes sindicales, lo que alimenta un caldo de cultivo creciente de abusos indiscriminados”. Por otra parte, un juzgado de lo social de Madrid ha condenado al Ministerio de Asuntos Exteriores por el pago incorrecto de sus retribuciones a dos trabajadores adscritos a la <strong>Embajada de España en Montevideo</strong>, a los que deberá abonar cerca de 55.000 dólares por atrasos correspondientes al periodo 2014-2017, según informó el sindicato <a href="http://exterior.fsc.ccoo.es/noticia:359019--Nueva_condena_a_Exteriores_por_abono_incorrecto_de_sus_retribuciones_a_dos_trabajadores"><strong>CCOO</strong></a>. <h5><strong>Revisión de las retribuciones en febrero</strong></h5> El pasado 18 de enero se reunió en Madrid la <a href="http://exterior.fsc.ccoo.es/noticia:358849--Reunion_de_la_Comision_Tecnica_del_personal_laboral_en_el_exterior"><strong>Comisión Técnica del personal laboral</strong></a>, en el curso de cual el subdirector general de Relaciones Laborales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Héctor Casado, informó a los sindicatos de que la Secretaría de Estado de Función Pública, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de Hacienda y el Ministerio de Asuntos Exteriores habían iniciado las gestiones para, con el acuerdo del Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), establecer un incremento salarial para el personal laboral del exterior. Los porcentajes del incremento aún no estaban definidos, pero la Comisión se reunirá de nuevo en <a href="https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/NOTA%20INFORMATIVA%20CTPLEX%2021.01.2019%20a%20todo%20el%20Exterior.pdf">la segunda quincena de febrero</a> para analizar las revisiones retributivas antes de su traslado como propuesta a la CECIR y a la Dirección General de Costes y Personal la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos del Ministerio de Hacienda.
