<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, clausuró ayer en la Escuela Diplomática los actos conmemorativos por el XX aniversario del Estatuto de Roma con un encendido elogio a la Corte Penal Internacional (CPI), un “maravilloso instrumento para los amantes de la paz”.</strong></h4> Durante el seminario <em>La Corte Penal Internacional 20 años después: integridad del Estatuto y universalidad</em>, organizado por la Escuela Diplomática y la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y en el que también participó <strong>el presidente de la CPI, el juez nigeriano Chile Eboe-Osuji</strong>, Borrell expresó la “adhesión” de España a un tribunal cuya creación fue un "hito en la gobernanza global" en la lucha contra la impunidad y en favor de “una jurisdicción internacional". Josep Borrell afirmó también que España tiene la voluntad de profundizar en su cooperación con la CPI mediante la incorporación de los instrumentos jurídicos pertinentes al ordenamiento español y aseguró que nuestro país apoyará <strong>la ampliación de las competencias de la Corte</strong> mediante “la firma de acuerdos específicos de cooperación para ejecutar sentencias y para que la cooperación judicial y policial con el tribunal y su fiscalía sea lo más eficaz posible". <strong>"España considera más necesario que nunca que los Estados renueven su compromiso”</strong> con el Tribunal, al que pertenecen 123 países del mundo pero del que no forman parte naciones tan relevantes como Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India, Irán o Irak. <strong>“Al menos o casi la mitad de la humanidad no forma parte de este maravilloso instrumento para los amantes de la paz y que supuso un hito en la gobernanza global"</strong>, lamentó. La CPI, con sede en La Haya, fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma e inició sus funciones el 1 de julio de 2002. Se trata del primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. <strong>España ratificó el Estatuto de Roma el 24 de octubre de 2000. </strong>
